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El acuerdo plenario en relación con la financiación autonómica aprobado casi de forma unánime en la Junta General durante la pasada legislatura, con la única ... excepción de Vox, podría quedar como un mero recuerdo del pasado. El PP lo ha dado por roto al entender que el Gobierno de Adrián Barbón ha «traicionado» aquel pacto suscrito en 2020 con su «sí» a la condonación de la deuda. Argumenta que aquel documento recogía que la reestructuración por parte del Estado «debía hacerse de forma igualitaria para todos los territorios y sin penalizar a las comunidades con una gestión presupuestaria más responsable» y entiende que ese condicionante no se cumple con la propuesta del Ministerio de Hacienda. Una iniciativa aprobada el miércoles por el Consejo de Política Fiscal y Financiera con los votos a favor del ministerio, Asturias, Cataluña y Castilla-La Macha, mientras los representantes de las autonomías gobernadas por el PP, la gran mayoría, abandonaban la reunión «para no ser cómplices».
El Gobierno regional no ha ocultado sus discrepancias con el criterio utilizado para el reparto de los 83.252 millones. De hecho, el propio presidente del Principado, Adrián Barbón, reconoce estar de acuerdo con el mismo en un «75%» -esto es, el porcentaje de ese montante que se reparte entre las comunidades en función de la población ajustada- y ha dejado claro que «no nos gustan» las fórmulas elegidas por el ministerio para el 25% restante. Sin embargo, defiende esta quita de 1.508 millones porque ofrece al Principado mayor solvencia económica y no entiende la postura del PP asturiano. De hecho, el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, cree se los populares dan por roto el acuerdo en materia de financiación para «tener libertad» y poder «hacer seguidismo de la política del PP de Madrid». El titular de Hacienda no parece sorprendido por la respuesta del principal partido de la oposición, ya que asegura que «he visto al PP de Asturias muy incómodo con este acuerdo en las últimas semanas», pero le insta a dar más explicaciones sobre su decisión. «El PP tendría que explicar exactamente con qué no está conforme de este acuerdo, porque ese acuerdo concreta cuál es la posición de Asturias, las reivindicaciones de Asturias de cara al modelo de financiación autonómica y defiende los intereses de Asturias. Debería explicar exactamente en qué no están de acuerdo», reclamó.
Con respecto a las consecuencias de la condonación de la deuda propuesta por el Ministerio de Hacienda, que implica reducir el pasivo de Asturias un 36%, el Principado cifra ahora entre «30 y 35» millones el ahorro en intereses al año. Una cuantía que, sin poder entrar ahora en detalles, el Ejecutivo regional tiene intención de invertir en el Estado de bienestar y también en favorecer la inversión productiva. «Se irá concretando en cada presupuesto», respondió Peláez esta mañana, durante una visita a la ciudad de Perlora. Es una cuestión que deberá quedar clara durante la elaboración de la futura ley orgánica ya que, según las normas vigentes en materia de estabilidad presupuestaria, las comunidades estarían obligadas a utilizar estos fondos para amortizar la deuda. No obstante, según aclararon fuentes de la Consejería de Hacienda, existe un compromiso por parte del Ministerio de Hacienda para introducir las oportunas modificaciones legislativas para poner fin a esa limitación en el gasto y poder hacer uso de estos fondos. Fue de hecho una de las cuestiones que se abordaron durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles, ya que las comunidades que votaron a favor de la medida (Asturias, Cataluña y Castilla-La Mancha) reclaman que esos ahorros de intereses que generará la quita se puedan utilizar para políticas de gasto. "Tenemos el compromiso de que esta circunstancia se va a abordar durante la elaboración técnica de la ley orgánica en la que se tiene que fundamentar la condonación", explicaron fuentes de la Consejería de Hacienda. En todo caso, aseguran que Asturias podrá encima de la mesa esta necesidad en el momento en que se inicien las reuniones bilaterales entre el Principado y el Estado para determinar de qué manera se va a afrontar la quita de 1.508 millones de euros. Antes, la propuesta deberá aprobarse en el Consejo de Ministros y lograr el apoyo de la mayoría absoluta en el Congreso.
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