El Principado activa el proceso para forzar a Transportes a anular el peaje de la autopista del Huerna o ir a los tribunales

Ahora se pasa del pulso político al procedimiento administrativo y prejudicial. En este sentido el Consejo de Gobierno ha aprobado ejecutar una acción de nulidad contra la Administración Central al objeto de que declare la nulidad de pleno derecho del Real Decreto que alargó la concesión desde el año 2021 hasta el 2050. Antes de dar ese salto el Ejecutivo autonómico ha recabado un dictamen del Consejo Consultivo que «avala por unanimidad nuestra posición», informó Calvo.

En concreto el superior órgano de consulta de Asturias estima que ese decreto, aprobado en el año 2000 por el Gobierno de José María Aznar, se aprobó «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente exigido», pues reviste las características de una modificación sustancial del contrato, fue «una concesión encubierta» que «debería haber sido licitado de nuevo», según refirió el consejero. También aportó «beneficios económicos indebidos» a la concesionaria, produjo «un perjuicio sostenido» para Asturias y vulneró la directiva de la UE que regía los contratos públicos en ese momento. En base a esos aspectos se requiere al Consejo de Gobierno para que anule el real decreto que ahora da amparo a la concesión. «Se sigue hablando de rescate, pero en realidad aquí ante lo que estamos es ante una liquidación por nulidad», indicó Calvo. Una vez formalizado el procedimiento de revisión de oficio, el Ejecutivo central recabará los informes pertinentes, incluido el dictamen del Consejo de Estado, para responder o dejar sin atender la petición. Según el consejero, si pasados «cinco meses» no hay respuesta, quedaría abierta la vía judicial, con un recurso ante el Tribunal Supremo. Se da la circunstancia de que Daniel Ripa, exdiputado de Podemos y hoy portavoz de una plataforma contra el peaje, ya formalizó su solicitud de revisión de oficio el 18 de septiembre pasado, con lo que, para él, el reloj de los plazos va más avanzado.

El consejero agradeció el trabajo de Ripa y también el informe que dos especialistas de la Universidad de La Coruña hicieron sobre un eventual rescate a petición de la diputada Covadonga Tomé. Según indicó Calvo, ese trabajo, como el dictamen del Consejo Consultivo, ha sido remitido a la Comisión Europea, que impulsa un procedimiento de infracción contra España al entender que vulneró la normativa cuando prorrogó la concesión y luego la sacó a la venta.

Calvo avanzó que en la segunda semana de diciembre mantendrá un encuentro con sus homólogos de Castilla y León y Galicia para avanzar en la cuestión. Se espera que formalicen una declaración conjunta. Sobre el fondo del asunto, Calvo asume que anular la prórroga era «el paso lógico» que cree debería haber adoptado el ministerio, por iniciativa propia, a la vista del dictamen de la Comisión Europea. «La nulidad es lo más favorable al interés de los asturianos, pero también para el interés general de España», aseguró.