El Principado sigue pendiente de la reunión con Transportes sobre el peaje del Huerna: «Nosotros no manejamos la agenda»
El consejero de Movilidad opina que, desde un punto de vista político, hay «oportunidades para avanzar» hacia la bonificacion del 100% del peaje y explica que el Principado agotará la vía administrativa antes de explorar a la judicial
El Gobierno del Principado reconoce que sigue pendiente de recibir respuesta por parte del Ministerio de Transportes a las comunicaciones oficiales realizadas tanto individualmente ... como en común, junto a las comunidades de Castilla y León y Galicia, para exigir la supresión de los peajes del Huerna y de la AP-9 gallega en base al dictamen de la Comisión Europea que cuestiona la legalidad de la prórroga de la concesión en ambos casos. Tampoco hay fecha, por el momento, para una reunión con este departamento, previsiblemente con el secretario de Estado de Transportes. «La agenda no la manejamos nosotros», reconoció el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, quien, frente a las críticas realizadas por su homóloga gallega en una entrevista a EL COMERCIO por esta falta de respuesta, trató de restar importancia al entender que el plazo de contestación a la comunicación ofical emitida la semana pasada está dentro de «lo normal».
Calvo evitó esta vez el enfrentamiento con el departamento de Óscar Puente y quiso centrar el mensaje en los avances que el Gobierno regional está llevando a cabo para cargarse de «argumentos sólidos» cuando llegue el momento de reunirse cara a cara con José Antonio Santano. «Los tenemos tanto para defender la nulidad en base al trabajo realizado por la Comisión Europea, como para defender la justicia de una bonificación del 100%, que lanzaría un mensaje muy claro de que se entiende lo que la sociedad asturiana demanda sobre el valor real de lo que supone este peaje». Además, en un escenario donde el Gobierno central actual está eliminando peajes en otros territorios, Calvo quiso incidir en el «valor simbólico» que supondría actuar sobre las comunidades del noroeste, «que tenemos una situación periférica y problemas de comunicación».
El consejero, no obstante, quiso ser realista y pidió «no engañarse», ya que, independientemente de que el Ministerio de Transportes aún no haya respondido a la comunicación formal de Asturias y las demás comunidades afectadas, su posición es de sobra conocida. «El Ministerio ha lanzado un mensaje muy claro, porque así lo ha dicho a la Comisión Europea en este proceso, de que entiende que el dictamen no les lleva a trabajar en un escenario de nulidad», recordó Calvo. En este sentido, considera que ahora toca esperar para ver cómo avancen las posibles negociaciones entre la Comisión Europea y el Gobierno central antes de que el proceso llegue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, «que sería el peor escenario».
Consciente de que el plano judicial será «duro de resolver» por la «maraña» que va a tener que desentrañar el Gobierno centra, Calvo entiende que Asturias tiene «oportunidades para avanzar» en la solución «política» que, en su opinión, pasaría por la bonificación del 100% del peaje. Así, tras valorar positivamente la manifestación convocada por la Alianza por las Infraestructuras el pasado viernes, el consejero destacó que ahora a Asturias no sólo le asisten «razones jurídicas», sino también «la fuerza» de la unidad social y política. «Políticamente creo que tenemos muchos argumentos para defender que haya alternativas, aprobando las partidas necesarias para esa bonificación del 100%, y dando tiempo para que la parte administrativa y jurídica se resuelva sin que los asturianos tengamos que esperar a que sea la justicia quien nos dé la razón».
El consejero aseguró que será el próximo lunes, en la próxima reunión de la Alianza por las Infraestructuras, cuando el Gobierno regional comparta con el resto de los miembros de esta plataforma la batería de acciones que se están preparando «con rigor técnico y jurídico, porque esto no se trata solo de decir lo que vamos a hacer, sino de fundamentarlo bien». Confirmó, eso sí, que en un primer momento se acudirá a la vía administrativa y, una vez agotada, se explorará la vía judicial, para lo que ya se ha acordado actuar de la mano de las otras dos comunidades afectadas. «Hay que respetar los plazos y los tiempos, pero espero tener la vía administrativa preparada lo antes posible», indicó, tras recordar que se está colaborando con la Comisión Europea y que se han adherido a la causa los 78 ayuntamientos asturianos y otras instituciones, entre ellas EL COMERCIO.
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