Asturias reclama la bonificación total del peaje del Huerna hasta su eliminación

El palacio de los Condes de Toreno, en la plaza de Porlier de Oviedo, fue el lugar escogido por el Principado para escenificar la unidad política, empresarial y sindical contra el peaje del Huerna. Allí citó a las 12 del mediodía a todos los partidos políticos con representación en la Junta General —hubo representantes de todos ellos—, asociaciones empresariales y sindicatos que forman parte de la Alianza por las Infraestructuras de Asturias. No falló nadie. Todos estuvieron y de ese foro, que llevaba también un año sin reunirse, salió un mensaje claro: unidad absoluta contra el peaje. Sin fisuras. Y todos aplauden que, aunque llegue tarde, el Gobierno de Asturias haya decidido ponerse al frente de las reivindicaciones y lidere una batalla que se dará en los ámbitos políticos, jurídicos y en la calle.

Pero vamos partes. En la reunión de ayer el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, llevó un borrador de un manifiesto en el que, por un lado, se deja claro la posición de Asturias respecto al peaje y la prórroga ilegal que en su día aprobó el Gobierno que presidía el popular José María Aznar y que permite a la concesionaria de la autopista del Huerna (AP-66) cobrar por circular hasta 2050. Por otro lado, se pide al Ministerio de Transportes que asuma el dictamen que este verano ha aprobado la Comisión Europea y por la que se declara ilegal esa prórroga -cabe recordar que la pasada semana el Gobierno de España defendió ante la citada Comisión la legalidad del proceso llevado a cabo y, por tanto, mantendrá el peaje- y, si Transportes mantiene su política de agravios con Asturias, estudiará emprender las medidas judiciales necesarias para conseguir el objetivo, que no es otro que la autopista del Huerna esté libre de peajes.

¿De qué acciones judiciales estamos hablando? El consejero no quiso ir más allá que un «se estudiarán». Pero, realmente, lo que está encima de la mesa es la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo para reclamar que Transportes cumpla con la resolución que la Comisión Europea dictó sobre el peaje. Es este el camino que todos los expertos consultados por EL COMERCIO en su información publicada el pasado 27 de septiembre recomendaban hacer para lograr el objetivo. Cabe recordar que, como también explicaban en esa misma información, el Principado no tiene capacidad para personarse en la causa abierta por la Comisión Europea, como anunció el presidente del Principado en su discurso del martes pasado en el debate del estado de la región.

Judicializar el proceso supondría un paso más en la peculiar relación que el Gobierno del Principado mantiene con el Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente. Pero, como dijo esta mañana Alejandro Calvo, el Ejecutivo que preside Adrián Barbón está dispuesto a dar la batalla en todos los campos que se presenten y, sobre todo, «liderar la respuesta» que desde Asturias se quiere dar.

De forma paralela se quiere dar una respuesta política. Tanto en España, como en las instancias comunitarias. Para ello se pedirán sendas reuniones con el Ministerio de Transportes y con el comisario europeo del ramo, Apostolos Tzitzikostas. Además, el Gobierno de Asturias elaborará un estudio de viabilidad sobre los costes que supondría la supresión del peaje. Un redacción que, por otro lado, ya debería estar en marcha, puesto que hace un año la Junta General así lo demandó al aprobar una iniciativa presentada por Foro.

Para llevar a cabo esa batalla política, el Principado buscará socios. Y no sólo de Asturias, donde ya los tiene, sino también el apoyo de las comunidades de Galicia y Castilla y León. La primera tiene el mismo problema, con el peaje de la AP-9, y con la segunda el problema es compartido: el Huerna. Los pasos en este sentido están dados y parece que ese frente de gobierno del Noroeste contra los peajes comenzará a andar.

Dentro de las medidas políticas que el Principado impulsará está también que el Gobierno de España acepte bonificar el 100% del peaje mientras no se resuelva el proceso abierto por la Comisión Europea sobre el peaje. «Es de justicia», dijo el consejero Calvo. Eso sí, esa bonificación está condicionada a que haya presupuestos del Estado el próximo año.

Y la última medida, la más inmediata, es que la sociedad asturiana hable. Por ello, la Alianza por las Infraestructuras se volverá a reunir el próximo 17 de octubre, viernes. Para el término de la misma, sobre las 19 horas, se invita a todos los asturianos a participar en una concentración en la plaza de La Escandalera. Se quiere que haya una importante respuesta social para reforzar la posición de Asturias en su reclamación ante el Ministerio de Transportes, que se aventura será larga, complicada y no exenta de tensiones.

Tras la reunión de esta mañana, todos los partidos políticos mostraron su optimismo ante la «oportunidad única», como dijo el portavoz adjunto del PP, Luis Venta, de que el peaje del Huerna se suprima. Todas las fuerzas destacaron la «unidad política y social» existente en este asunto y se comprometieron a seguir luchando para poner fin a una «injusticia» con Asturias.