Secciones
Servicios
Destacamos
NOELIA A. ERAUSQUIN
GIJÓN.
Sábado, 8 de junio 2019, 03:05
Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.
Compartir
El acto de clausura de la asamblea de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) celebrado el jueves en Oviedo volvió a poner sobre la mesa una de las reclamaciones tradicionales de la patronal de la región, la de la fiscalidad. No tanto en este caso con una reclamación directa para que se reduzcan los impuestos, como para pedir una armonización entre territorios y, con ello, de forma indirecta, esa rebaja en los gravámenes en el Principado.
Según las cifras que maneja Fade, desde la reforma del Impuesto de Patrimonio, en 2011, Asturias perdió casi 500 millones de euros en patrimonio de capital mobiliario -supone el 72% de los 8.530 millones de euros del capital y bienes asturianos-, es decir, de acciones en empresas de inversión u otras compañías, cotizadas o no. Una sangría a la que también contribuyeron los peores años de la crisis económica, que se llevaron por delante centenares de empresas.
Reducción de impuestos Disminución de los tipos máximos del Impuesto sobre la Renta o el de Transmisiones y equiparar el grupo I con el II en Sucesiones.
Deducciones Bonificar el 100% del Impuesto de Patrimonio, deducciones para favorecer el emprendimiento y la inversión.
Empresas familiares Tratamiento específico para estas compañías en Sucesiones y Donaciones.
En ese mismo periodo, se ha ido de la región fiscalmente uno de cada cinco propietarios de participaciones de compañías no cotizadas, el 21% de este tipo de patrimonio, mientras comunidades como Madrid, a la que se ha acusado en numerosas ocasiones de realizar un auténtico 'dumping' fiscal, capturaron 47.800 millones de euros de nuevo capital.
Lo cierto es que en España, las autonomías tienen potestad para regular determinados impuestos y la ubicación de una empresa en una comunidad u otra le permite pagar más o menos tributos. Algunas regiones optan por rebajar al mínimo esos gravámenes con el objetivo de atraer patrimonio y compañías, que incluso pueden tener sus centros de producción en otros lugares. Eso les ofrece ingresos extra que, de otra forma, se quedarían en otras regiones. Sin embargo, autonomías como Asturias, buscan en esos mayores impuestos una forma de mantener su Estado del bienestar y sufragar su elevado gasto social.
El debate sobre la evolución de la recaudación con más o menos impuestos es antiguo y un conflicto tradicional entre los bloques políticos de izquierda y derecha para el que no hay una respuesta clara, más allá de que es necesario encontrar el difícil equilibrio para que los gravámenes no perjudiquen a la economía y, a la vez, mantener los servicios públicos.
En este sentido, los empresarios asturianos culpan a un exceso de carga impositiva que hoy se recauden en Asturias 439 millones de euros menos que hace una década o que esté entre las comunidades con más movilidad de patrimonio hacia otros territorios. La patronal también liga el hecho de que el Principado tenga el Impuesto de Patrimonio más elevado del noroeste de España con que genere el menor Producto Interior Bruto per capita del entorno.
Lo cierto es que no hay ningún nivel de renta donde la tributación en Asturias sea la menor de España, como se lamentaron en su exposición del jueves la vicepresidenta de Fade, María Calvo, y el asesor jurídico de la federación, Javier García, que aseguraron que la dispar tributación a las rentas del trabajo en España abre la vía a una competencia fiscal por el talento y perjudica a territorios como el Principado.
Más allá de deslocalizaciones de empresas, advierte la patronal de que se fomenta la de las personas que tienen mayor riqueza. Así, critica que Asturias cuente con uno de los Impuestos de Patrimonio más altos de España, que encabece las comunidades con mayor imposición en materia de sucesiones o que apenas cuente con deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas -destaca, por ejemplo, las bonificaciones para fomentar el emprendimiento o la inversión en otras regiones-. Asimismo, el Principado también cuenta con uno de los gravámenes más altos en lo que se refiere al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
En este contexto, Fade pone sobre la mesa seis demandas concretas para el nuevo Gobierno asturiano, que previsiblemente dirigirá el socialista Adrián Barbón. Entre ellas, reclama la bonificación del 100% del Impuesto sobre el Patrimonio; establecer un tratamiento fiscal específico para las empresas y negocios familiares en el Impuesto de Sucesiones y unificar el tratamiento de las sucesiones y donaciones en el núcleo familiar, con especial atención a las empresas que tengan ese carácter con el objetivo de facilitar la sucesión.
Otra de las peticiones de Fade pasa por modificar la fiscalidad en el Impuesto sobre la Renta para el fomento de la actividad económica, de tal forma que se reduzca el tipo máximo para que no exceda la media del resto de comunidades y que incorporen deducciones que promuevan la inversión, la I+D+i o la expansión de compañías. Asimismo, la patronal reclama bajar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y reducir paulatinamente el coeficiente multiplicador por patrimonio preexistente del grupo II -descendientes y adoptados de veintiuno o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes- hasta su equiparación con el grupo I -descendientes y adoptados menores de veintiún años-.
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
El juzgado perdona una deuda de 2,6 millones a un empresario con 10 hijos
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.