El control horario arranca con escaso alcance e inquietud entre los empresarios

Un identificador de huellas del Hospital de Jove. / JORGE PETEIRO
Un identificador de huellas del Hospital de Jove. / JORGE PETEIRO

El Gobierno publica hoy una guía práctica para orientar a las compañías en el cumplimiento de la nueva normativa laboral

LAURA CASTRO GIJÓN.

La obligación de fichar la entrada y la salida en el lugar de trabajo entró en vigor ayer. Lo hizo sin demasiado alcance por ser domingo y en la mayoría de los casos en los que hasta ahora no estaba implantado ya un sistema, con el registro manual de las jornadas o sin ni siquiera poner en marcha ningún método de control. De hecho, una gran parte de las empresas asturianas no están todavía preparadas para afrontar la nueva normativa que tiene como principal objetivo «acabar con las jornadas laborales abusivas y mejorar la protección de los empleados» y tampoco tienen claro qué sistema implantar para cumplir con ella.

Aunque el Gobierno ha decidido dar más margen antes de que la inspección laboral emita sanciones -pueden ir desde los 626 hasta los 6.250 euros-, no se ha concretado aún la extensión que tendrá este tiempo de gracia. Es por ello que la incertidumbre se ha convertido en la tónica dominante entre los empresarios que tienen dudas sobre cuál será el criterio que utilice y temen que la única razón de ser de esta nueva normativa sea castigar al incumplidor.

Para solventarlo, el Ejecutivo publicará hoy una guía práctica destinada a orientar a las empresas. No obstante, desde el Ministerio de Trabajo recuerdan que el decreto fue aprobado el pasado el 8 de marzo y que desde entonces las compañías han tenido dos meses para adaptarse.

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Sin embargo, la medida no ha dejado de levantar ampollas desde entonces. Especialmente entre los propietarios de las pequeñas y medianas empresas -el 95% de compañías españolas tienen menos de cinco empleados-, pues en muchos casos no tienen un centro de trabajo o una parte de la jornada se realiza fuera de él. «Hay muchas dudas entre las microempresas a la hora de establecer un método adecuado», apuntó Ignacio García, asesor jurídico de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade). De hecho, la norma contempla supuestos especiales para aquellos sectores que por sus peculiaridades lo requieran, como pueden ser los casos de trabajadores que pasan mucho tiempo fuera del lugar de trabajo o que directamente no lo tienen, pero no se especifican, pero no se concretan. «Tendrían que haber previsto el desarrollo normativo antes de imponer la norma», lamentó García.

Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) comparten esta postura y señalan que casi 600.000 actividades no podrán aplicar el control horario. «La norma carece de seguridad jurídica», sentenció Lorenzo Amor, presidente de este colectivo.

Los sindicatos, en cambio, valoran la iniciativa del Gobierno. «El registro de jornada español es el más flexible de Europa», afirmó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en su visita a Asturias. Aseguró que el problema no es la rigidez del sistema, sino el hecho de que aún no se hayan reunido las partes para negociar y regular su implantación en cada empresa. «Es necesario que las comisiones paritarias de los convenios colectivos se reúnan para fijar cómo se va a controlar el horario laboral», incidió.

Para CC OO la normativa aún tiene margen de mejora y exige «garantías» para proteger la intimidad y los datos de los trabajadores, además de evitar las jornadas abusivas. Así lo trasladó la secretaria confederal de Acción Sindical, Mari Cruz Vicente, quien recordó asimismo a las empresas que «existe el deber de negociar» y fue un paso más allá al advertir de que «se puede aplicar la norma mediante la negociación y el acuerdo o con denuncias a la Inspección de Trabajo».