El Gobierno priorizará a Asturias para que se instalen empresas de energías renovables

El Gobierno priorizará a Asturias para que se instalen empresas de energías renovables

Plantea dar una ventaja competitiva a proyectos que ayuden a fijar población en las regiones más afectadas por la transición energética

LAURA CASTROGIJÓN.

Vaticinan que la transición energética será la revolución del siglo XXI, un cambio de tal envergadura que cada uno de los pasos que se den deben estar medidos y encaminados a no dejar atrás a nadie. Bajo esta premisa y con el objetivo de avanzar en dos de los principales parámetros del futuro energético, la movilidad sostenible y el autoconsumo, el Club de la Energía y la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) reunieron ayer en el Hotel de la Reconquista de Oviedo a empresarios, autoridades y representantes de patronales y asociaciones de estos sectores para poner sobre la mesa las ventajas y los retos que se presentan.

Entre los principales desafíos está el de crear empleo, especialmente en las regiones más golpeadas por la transición energética, a la vez que se reducen las emisiones contaminantes y se mantiene la seguridad del suministro. Algo que desde el Gobierno están convencidos de que se podría conseguir, entre otras medidas, con el impulso que planean dar en los próximos años a las energías renovables. Por ello, además de las ayudas que se van a destinar a las comarcas mineras, el Ministerio de Transición Energética estudia la posibilidad de compensar a las regiones más dependientes de los combustibles fósiles, como Asturias, en las subastas para renovables. Ya en julio del año pasado EL COMERCIO avanzaba la intención del Ejecutivo de destinar el 50% de lo recaudado en este sistema a ayudas para la descarbonización. Ahora lo que pretende es darles un apoyo extra en la propia subasta.

Para ello, estudia reservar unos cupos específicos para estas comarcas y también dar una ventaja competitiva a aquellos proyectos energéticos que se planteen en ellas y que, a pesar de conllevar unos mayores costes iniciales de implantación, ayuden a fijar población y a gestionar el territorio. Así lo explicó Joan Groizard Payeras, director de Energías Renovables del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), quien señaló que «hasta ahora las subastas de renovables estaban más centradas en el apartado financiero y se trata de que el sistema esté ligado a proyectos reales». Esto es fundamental, dijo, porque «queremos que una parte esté reservada a cumplir objetivos clave: el de transición justa, para aquellas regiones más afectadas por la descarbonización; impulsar tecnologías innovadoras que no pueden competir actualmente por sus elevados costes y, por último, contribuir a que se fije población». Y además, indicó, «en aquellas zonas donde había una térmica de carbón hay una infraestructura de transporte de la electricidad que tiene sentido reaprovechar con modificaciones mucho más pequeñas de las que serían necesarias donde previamente no había ninguna red de este tipo instalada».

Hasta el momento el Gobierno se había comprometido a dar preferencia a la implantación de proyectos de renovables en las comarcas mineras, tal y como se consensuó en el acuerdo marco, pero ahora el Principado cree que se podría abrir la puerta también a impulsar este tipo de energía en toda la región. De esta forma, la biomasa, una de las fuentes renovables con más proyección de futuro en Asturias, contaría con una ventaja competitiva frente a otras tecnologías. De hecho, es una energía más gestionable y predecible que otras como la eólica y la solar, muy dependientes de la climatología, y además, da pie a crear una cadena de valor en el territorio que cumpliría con el objetivo de luchar contra la despoblación. Su desventaja principal, en cambio, reside en sus elevados costes iniciales.

«Llevábamos tiempo pidiendo que las subastas se articularan con una subdivisión por tecnologías para que los proyectos pudieran competir de una forma más justa, equivalente», explicó el consejero de Industria, Empleo y Turismo, Isaac Pola. «Ahora parece que incluso hablan de dar un paso más incluyendo una diferenciación por territorio y nos parece muy razonable», agregó Pola.

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Cuestiones pendientes

Si algo coincidieron todos los ponentes de la jornada de ayer es que aún son muchas las cuestiones pendientes de resolver antes de abordar la transición energética en España. La Comisión Europea estima que el proceso creará 50.000 empleos al año en la industria manufacturera, unos 45.000 en el comercio y unos 42.000 en la construcción. Sin embargo, es necesario, puntualizó Cristina Rivero, jefa de Área de Energía y Medio Ambiente de la CEOE, «tomar estos datos con prudencia y mucho ojo con tener prisa en esto». De hecho, lamentó que «España es campeón en objetivos y políticas de cara al cambio climático, pero tenemos un cero en participación pública» y reclamó un mayor consenso con la ciudadanía y las empresas para abordar el proceso.

Hace falta también adaptarse al cambio «modernizando el tejido productivo, asegurando que los empleos que se creen sean de calidad y prestando mucha atención a la formación», agregó Joaquín Nieto, director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para España. Asimismo, se antoja clave un cambio de mentalidad para que los ciudadanos empiecen a tomar decisiones de consumo energético. Algo que por el momento no va en sintonía con los objetivos, pues según indicó Rui Teixeira, consejero delegado de EdP, solo uno de cada 200 coches vendidos el año pasado en España era eléctrico. «Para cumplir con los objetivos, es necesario que esta cifra aumente hasta ser uno de cada cuatro en 2025 y dos de cada cuatro en 2030», prosiguió.

La movilidad sostenible y el autoconsumo, como pilares de la descarbonización, exigen una normativa en materia de electricidad estable, pues EdP estima que la transición energética elevará un 20% el consumo en la península. Las empresas eléctricas reclaman también la necesidad de fijar una legislación que se mantenga en el tiempo y les dé certidumbre para poder abordar las inversiones que requiere el proceso.