Javier Fernández pide un régimen estable del precio de la energía para evitar casos como el de Alcoa

Alcoa sabe que tendrá enfrente de su decisión de cierre de las plantas de Avilés y La Coruña al Principado, la Xunta de Galicia, el Parlamento asturiano, sindicatos y empresarios de la región. Se lo hizo ver el miércoles, cuando la multinacional norteamericana anunció sus fatídicos planes, el presidente del Principado, Javier Fernández, al responsable de Alcoa en España. En esa conversación, el jefe del Ejecutivo regional le trasladó que «no estoy de acuerdo ni con el fondo ni las formas» de la compañía para decidir los cierres de estas instalaciones. Y esta mañana, en la Junta General, minutos después de que el Parlamento asturiano aprobase por unanimidad una declaración contra el los cierres anunciados de Alcoa y de apoyo a los trabajadores afectados, Fernández reiteró su posición.

El presidente del Principado explicó que ya ha mantenido contactos con su homólogo gallego, Alberto Núñez Feijóo, para consensuar las acciones que ambos gobiernos regionales llevarán a cabo para tratar de frenar el cierre de estas plantas. De hecho, mañana, ambos presidentes mantendrán una reunión en Oviedo para ultimar estas acciones.

También desveló Javier Fernández que ha mantenido contactos con el Gobierno central y se ha solicitado una reunión con las ministras de Industria, Reyes Maroto, y Transición Ecológica, Teresa Ribera. En ese encuentro, que previsiblemente tendrá lugar la próxima semana, el presidente del Principado pedirá al Eecutivo central que «actúen» en la misma dirección que harán los gobiernos asturiano y gallego «contra la decisión» de Alcoa.

Lo que sí quiso dejar claro Javier Fernández es que desvincula la decisión de la compañía de cerrar las plantas de Avilés con el cambio de Gobierno, como algunos partidos, como el PP, han hecho. Recuerda el presidente del Principado «siguen vigentes las bonificaciones» por las tarifas elećtricas de las subasta hecha en junio, «antes del cambio de Gobierno». Sí defendió, no obstante, en la necesidad de establecer un marco regulatorio «estable» del mercado eléctrico «a través del cual estas empresas puedan tener una estabilidad de precios».