El Principado da por «liquidado» el proyecto de la planta de pirólisis de Preco en el puerto de Gijón

Esa normativa que aduce el Principado es el Plan Estratégico de Residuos asturiano y que, tal y como publicó ayer EL COMERCIO, excluye los terrenos de dominio público marítimo terrestre como áreas en las que se puedan instalar este tipo de plantas, que se dedican a la valorización energética. La actualización del plan que entrará en vigor a partir de 2024, prohíbe que se traten en Asturias residuos domésticos que no hayan sido generados en la región. Ambos serán los factores determinantes a la hora de que las autoridades del Principado evalúen la concesión de la autorización ambiental integrada. Por tanto, Preco se encuentra con dos obstáculos que parecen insalvables, como son su ubicación en terrenos del puerto de Gijón y la procedencia exterior del material plástico que quiere reciclar para la obtención de biolíquido.

Esto mismo lo explicó el presidente del Principado cuando indicó que «lo que produce unanimidad en el rechazo es que la tramitación ambiental, por ejemplo, recoge traer basura de fuera y gestionar y tramitarla aquí, cuando eso no lo permite nuestra legislación. Nuestros marcos normativos no lo permiten».

Puede llamar la atención que, pese a que el Principado tenga claro que este proyecto no cumple la normativa asturiana y, por tanto, no salga adelante, la Administración regional haya decidido sacar a información pública el pasado lunes la autorización ambiental integrada, con toda la documentación aportada por la empresa. Adrián Barbón remarcó que «hay cuestiones que nosotros no podemos en absoluto compartir y lo que sí tenemos que hacer, como administración, es la tramitación administrativa correspondiente, porque lo que no podemos hacer es prevaricar», anotó.

La fase de información pública terminará el 30 de abril de 2024 y será a partir de entonces cuando se puedan presentar las correspondientes alegaciones. Por eso, el presidente asturiano explicó que «una vez se inicia la tramitación es cuando se analiza y se ve, lógicamente, que con la ley en la mano es rechazable. Y con la nuestra estrategia de residuos, más rechazable todavía». Esa nueva estrategia es, precisamente, la que no permitirá el tratamiento en Asturias de residuos domésticos no generados en la región, lo que no tendría encaje en la normativa una planta de valorización de combustibles sólidos recuperados (CSR) que venga de fuera, como es el caso.

El Plan de Residuos tiene establecidos unos criterios de ubicación de estas infraestructuras de valorización o posteriores ampliaciones, ya que «errores en la selección del sitio pueden traer aparejados mayores costos, tanto de construcción como de operación, además de mayores riesgos de contaminación y conflictos con la sociedad». Los criterios de exclusión de estos proyectos, además de los espacios naturales, por cuestión de urbanismo y ordenación del territorio y los bienes de interés cultural, incluyen las zonas de inundabilidad y las áreas afectadas por el dominio público marítimo terrestre y las de servidumbre de protección.

Pero también habría que atender a los criterios de idoneidad, entre los que se encuentran el alejamiento de núcleos de población, la incidencia visual y paisajística y la calidad del aire, cuestión esta que preocupa especialmente a los vecinos de Gijón. El Plan de Residuos explica que se deberán tener en cuenta «los objetivos de calidad del aire aplicables para la zona y los valores reales de inmisión de los diferentes contaminantes regulados. Asimismo, se tendrán en consideración las emisiones esperadas para la instalación en cuestión y los valores límite de emisión» legales.