El PSOE de Gijón se queda solo en la defensa al Puerto en el desarrollo de Naval Azul

En ese cierre de filas varios portavoces incidieron, con el apoyo de la secretaria municipal, en que el acuerdo entre el Puerto y el Ayuntamiento hacía una clara referencia a la cesión de la titularidad de esa franja, y no a una mera cesión de uso, pues incluso se advertía de que instalar sobre este espacio cualquier actividad comercial, aunque fuera un pequeño quiosco de helados, conllevaría su reversión al Puerto. También advirtieron, entre otras cuestiones, de los problemas que acarrearía para las actividades deportivas que plantea la Autoridad Portuaria para este espacio el hecho de que Duro Felguera tiene permisos para el uso de la lámina de agua en esa misma zona. Y aunque no hubo una votación al respecto, tanto los representantes de los dos partidos del gobierno (Foro y PP), como los de Podemos, Vox e IU, se manifestaron a favor de la postura que la Alcaldía pretende defender el próximo martes en su encuentro con Nieves Roqueñí.

«Hay un proyecto de ciudad, beneficioso para Gijón y sobre el que hay un acuerdo y consenso casi generalizado, y solo un partido ha decidido quedarse al margen», lamentó la vicealcaldesa y portavoz del PP, Ángela Pumariega, quien remarcó que «nadie puede reclamar diálogo si introduce en el escenario nuevas reglas del juego. Estamos dispuestos a estudiar fórmulas que sirvan para poner fin a esta absurda situación de enfrentamiento, pero sobre la premisa de que se mantengan los acuerdos ya establecidos. Y lo que ha planteado el Puerto no encaja con ellos». Añadió que «si quiere participar, el encaje puede venir por su entrada en la junta de compensación del plan especial».

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La portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, reclamó a la alcaldesa «ánimo negociador y visión de altura para conseguir desatascar este conflicto», aunque «apoyando su reclamación» de ceder la franja, dada la relevancia para Gijón del proyecto de Naval Azul. «Independientemente del fiasco constante a Gijón que capitaliza el PSOE, y que actualmente protagoniza la señora Roqueñí, también le transmitimos la necesidad de evitar un enfrentamiento judicial que no conviene a nadie».

Javier Suárez Llana, portavoz de IU, confía en que «la Autoridad Portuaria cumpla el acuerdo, ni más ni menos, porque nadie entiende que ponga en peligro la creación de un polo de desarrollo económico por la ocurrencia de instalar motos acuáticas y piraguas en una franja de 417 metros». Por su parte Olaya Suárez, de Podemos, alertó de que «la alternativa a no cumplir lo firmado solo son retrasos, crispación y nada de interés para la ciudadanía» y lamentó que «el Puerto ponga además en cuestión un consenso de ciudad como fue el PGO».

El PSOE estuvo representado en la reunión de ayer por su portavoz adjunta, Carmen Eva Pérez, quien destacó que «la cesión del uso de esa franja nunca se ha puesto en cuestión» y consideró que «la alcaldesa tiene la obligación de negociar con la administración portuaria las condiciones que sean más beneficiosas para Gijón». Añadió que ambas administraciones «están condenadas a entenderse» y consideró «incomprensible el intento de judicialización», toda vez que «el Puerto quiere poner ese espacio a disposición de la ciudadanía y pagar las obras en el marco de una actuación más amplia sobre el litoral».