«En Argentina se vive una catástrofe social»

Las boyantes cifras macroeconómicas del país austral esconden una realidad social devastadora. El 49,9% de la población vive bajo el umbral de la pobreza y el 12,3% subsiste en la indigencia, según estudios de la Universidad Católica Argentina. «En un territorio que exporta alimentos a 400 millones de personas, la mitad no tiene para comer», señala y explica que para sobrevivir hay que tener dos o tres trabajos.

Esa condición de miseria ya estructural explica, a su juicio, la llegada al poder de Javier Milei. «No hay pasado, un huracán o fenómeno natural que explique esta precarización, sino que es fruto de la inmoralidad sistemática», aduce y lamenta que la producción carece de una cadena de valor añadido. «Sólo hay exportación de cereales, carne y conocimientos, porque asistimos a un exilio masivo de profesionales y científicos, mientras que las empresas agrarias se hallan en manos de norteamericanos y europeos».

Las medidas del Gobierno han profundizado la crisis. «En Argentina se vive una catástrofe social», advierte y, a ese respecto, menciona el despido de 55.000 empleados públicos, la tercera parte del total. Su condición de secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Córdoba, la segunda ciudad del país, fundamenta, a su juicio, la persecución que sufre. «Cuatro de cada diez compatriotas trabajan en negro y el resto ha experimentado una degradación de sus condiciones», apunta. «El salario en la Administración ha perdido el 40% de su poder adquisitivo y los afectados buscan soluciones en el sector privado».

La reforma laboral propuesta por Milei constituye otra amenaza. «Va en contra de las tendencias mundiales», indica y, entre otros puntos, alude a su pretensión de aumentar el horario de trabajo hasta las 12 horas diarias, la supresión de los convenio colectivos, regular las vacaciones a conveniencia del jefe o indemnizaciones abonadas en cuotas. Además, a este proyecto se suma otra tributaria que beneficia a las clases altas.

La desintegración nacional explica, según Giuliani, las graves circunstancias de su país. El sindicalista afirma que la progresiva descentralización, impulsada desde la dictadura, ha generado la creación de feudos provinciales donde los gobernadores han creado verdaderos regímenes autoritarios, algunos con más de veinte años de mandato. «El nuevo presidente ha agudizado ese proceso de desmoronamiento del Estado, aquel que garantizaba los derechos individuales. El poder federal se ha reducido a la Casa Rosada y treinta manzanas más».

El pueblo descreído ha dado su aceptación a un político que se vendía como la única solución posible. «El fascismo gobierna con el voto por el miedo, porque Trump dijo que si no le votaban, el país carecería de préstamos y saltaría por los aires», defiende, aunque asegura que las recientes elecciones tan sólo contaron con un 60% de participación, cifra excepcionalmente baja para los baremos locales. «Falta autocrítica de los peronistas, que recurrieron a los candidatos que los llevaron al fracaso».

La resistencia que propugna Giuliani ha de enfrentarse a la criminalización de las protestas. La represión recurre a los reforzados cuerpos de seguridad y los elementos parapoliciales, las patotas, junto a vínculos con el tráfico de drogas, «tal como se probó en la relación de José Luis Espert, cabeza de lista de Milei en Buenos Aires, con un empresario relacionado con el narcotráfico».

La lucha política es un legado familiar. Giuliani es hijo de un disidente que, durante los años de la junta militar, permaneció ocho años en prisión, a más de 2.500 kilómetros de su residencia. «Como él, yo también fui internado en una cárcel de máxima seguridad», recuerda. «Mi organización amenazó con una huelga y ahora me encuentro en libertad condicional».

El sindicalista quiere visibilizar lo que sucede en Argentina. Como en otras causas, Martin Etxea llevará a cabo un acompañamiento. El acogido reconoce que la lucha de los suyos carece de unión y rostros visibles, pero que, de cualquier manera, han de seguir adelante. «Hemos denunciado al fiscal, la cúpula policial y el ministro de Seguridad de Córdoba», señala y sostiene: «Debemos pasar a la ofensiva contra este Gobierno».