La guerra de Gaza abre una brecha en las coaliciones de gobierno europeas

El reconocimiento inicial del derecho de Israel a defenderse, prácticamente unánime, ha derivado en un creciente número de críticas y de países dispuestos a reconocer el Estado de Palestina en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas. El Centro Árabe de Estados Unidos señala a España, que ya ha dado ese paso, como «el país que lidera el rechazo europeo a las políticas israelíes en Gaza». No obstante, el activismo propalestino critica que, más allá del gesto político del reconocimiento diplomático, cuyo impacto parece testimonial en la situación actual, el Viejo Continente no ha movido un dedo para hacer presión sobre Tel Aviv.

Y esta inacción está comenzando a reflejarse en la política interna de los países de la Unión Europea. El caso más claro es el de Bélgica. La coalición de gobierno se fue de vacaciones al borde de la ruptura por la postura en torno a la guerra, y aún no ha logrado llegar a un acuerdo tras la reunión del pasado miércoles para consensuar una postura común.

Tres de los cinco partidos que conforman el complejo Ejecutivo belga exigen sumarse al grupo de los que reconocerán a Palestina el martes 9, imponer sanciones que impidan la venta de armas a Israel, boicotear los productos de los colonos judíos e incluso prohibir las visitas oficiales al país. Sin embargo, tanto la formación del primer ministro, N-VA, como el Partido MR, los de más peso en el gabinete, se oponen.

El ministro de Asuntos Exteriores, Maxime Prévot, ha dejado caer la posibilidad de una ruptura, ha presentado una lista con diez exigencias –en la que se recogen las anteriores y también sanciones contra los 800 belgas que residen en asentamientos ilegales y la declaración de 'persona non grata' de tres ministros israelíes de ultraderecha– y ha fijado el próximo viernes como fecha límite para tratar de lograr un acuerdo. «Si perdemos este tren, será desastroso para la imagen internacional de Bélgica», advirtió Prévot.

Hoy los ministros volverán a buscar el consenso. «Necesitamos ajustar nuestra postura. Debemos tomar medidas y sanciones. Ya hemos revisado esas medidas y tenemos que analizar con más detalle las posibilidades», avanzó el viceprimer ministro, Vincent van Peteghem. Pero el primer ministro belga, Bart De Wever, se resiste a dar su brazo a torcer, en el convencimiento de que el reconocimiento de Palestina es «inútil e incluso contraproducente», sobre todo si antes no se ha producido el desarme de Hamás.

La coyuntura belga se parece mucho a la de su vecino Países Bajos, donde la polémica arrancó incluso antes. Allí, la división de opiniones sobre la respuesta que se debe dar a la guerra en Gaza se materializó en el rechazo parlamentario, el pasado 23 de agosto, de una moción para reconocer el Estado palestino. Ese voto en contra provocó la inmediata dimisión de cinco ministros del Gobierno en funciones, todos ellos miembros de la formación Nuevo Contrato Social y partidarios de un endurecimiento de la actitud hacia Tel Aviv. Como en Bélgica, exigen la suspensión de la exportación de armamento y el boicot a productos importados de asentamientos judíos en territorio palestino.

Por si fuese poco, el pasado miércoles su primer ministro, Dick Schoof, tuvo que enfrentarse a una moción de censura propuesta por el partido Denk. Salió indemne, pero las encuestas apuntan a que su formación pagará caro el rifirrafe en los comicios anticipados del 29 de octubre. De momento, la postura oficial del Ejecutivo neerlandés es «el apoyo a la solución de los dos Estados», pero con premisas que ahora mismo no se cumplen: «Que Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) firmen un acuerdo de paz» y que «se ofrezcan garantías de seguridad». Además, Ámsterdam considera que la base para cualquier negociación territorial deberían ser las fronteras de ambos Estados antes de la Guerra de los Seis Días, en 1967.

Por otro lado, el Gobierno de Schoof condena los atentados de Hamás y reconoce el derecho de Israel a defenderse, aunque recalca que debe hacerlo «dentro de la legalidad internacional» –que la ONU ya ha denunciado en múltiples ocasiones que no hace– y «de forma proporcional». Teniendo en cuenta que se han superado con creces los 63.000 muertos en la Franja (52 veces el número de fallecidos en los ataques islamistas) y que se estima que hasta un 80% son civiles, ese último requisito no se cumple.

El debate no solo abre brechas políticas en estos dos pequeños países costeros. El enfrentamiento, a menudo en términos derecha-izquierda, ha llegado también a potencias como Alemania. El pasado 25 de julio, el gabinete teutón publicaba una nota en la que sentenciaba que Berlín «está firmemente del lado de Israel».

Sin embargo, dos semanas después, su canciller, Friedrich Merz, señaló que el plan para invadir Ciudad de Gaza justificaba la suspensión temporal de la exportación de armamento al ejército hebreo. No es un gesto testimonial, porque Berlín provee un tercio de las armas que compra Tel Aviv. «La liberación de los rehenes y la negociación del alto el fuego es nuestra principal prioridad. Es difícil ver cómo puede lograr Israel esos objetivos recrudeciendo sus acciones militares en Gaza», justificó Merz en un comunicado.

En la coalición de gobierno germana no todos están de acuerdo con esa medida. Tampoco con la decisión que tomó el canciller cuando decidió no sumarse a la declaración que firmaron otros 28 países exigiendo el fin de la guerra. Aunque las desavenencias cada vez son más públicas, los integrantes de la alianza entre conservadores y socialdemócratas niegan que hayan abierto, de momento, una crisis similar a las de Ámsterdam o Bruselas. Pero en un momento de inusual debilidad, aquejada por una recesión intermitente, cualquier zozobra resulta peligrosa.