Un año del convenio de La Vega, en Oviedo: desbroces, catas arqueológicas y un concurso de ideas pendiente
El gobierno local «sigue dialogando» con otras administraciones para recuperar el recinto «en un corto espacio de tiempo» y la oposición pide más agilidad
Hace un año ya, el 20 de septiembre de 2024 se firmó el convenio de La Vega, «un día histórico para Oviedo porque ... volverá a ver los terrenos de la antigua fábrica llenos de vida y actividad. Era un sueño para todos los ovetenses, ahora ese sueño se hará realidad», enmarcó entonces el alcalde, Alfredo Canteli, ante la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el presidente del Principado, Adrián Barbón, en el Salón de Plenos. Un día para enmarcar porque doce años después del cese de actividad –cuando Santa Bárbara Sistemas trasladó su actividad a Trubia– y casi tantos de negociaciones dilatadas por los cambios de gobierno y los colores políticos, las tres administraciones rubricaron un acuerdo –cerrado inicialmente en Madrid dos años y dos meses antes y luego modificado– para dar una segunda vida al recinto y transformarlo en un polo biotecnológico, cultural y residencial.
El Ayuntamiento ahora es el propietario mayoritario de los 120.000 metros cuadrados, considerados un «espacio de oportunidad». Tendrá a su disposición treinta edificaciones que suman más de 31.000 metros cuadrados, mientras que el Principado se ha comprometido a la compra de la nave de cañones por 4,5 millones euros y Defensa explotará los espacios que serán destinados a viviendas, que serán principalmente para jóvenes y con precios asequibles, aunque se abre la puerta a que sea en otras parcelas fuera del recinto.
En estos doce meses, el gobierno local ha dado dos pasos concretos, ha anunciado otro y guerrea por atraer al castillete de entrada la Agencia de Salud Pública. Por un lado, ha ejecutado labores de desbroce y limpieza de La Vega, así como realizado unos estudios que no han encontrado hallazgos arqueológicos significativos. Y por otro, el alcalde anunció el pasado agosto que convocarán un concurso de ideas que «servirá para la reordenación e integrar este espacio». «La fábrica de armas tienen una posibilidades enormes que poco a poco iremos desarrollando, estamos trabajando a tope», explico Canteli en la inauguración del Link Festival, unas citas que da usos provisionales al antiguo recinto fabril.
Casi un mes después, al cumplirse ahora el año de la firma del convenio, el portavoz del Grupo Municipal Popular y primer teniente de alcalde, Mario Arias, confirma que «estamos avanzando con el proyecto» por esas vías citadas: la exploración de 24.000 metros cuadrados en búsqueda de vestigios arqueológicos y el desbroce, así como el análisis de cómo integrar el recinto en la ciudad y «seguimos dialogando con otras administraciones que forman parte del convenio de manera fluida».
El objetivo, que la apertura de La Vega «sea una realidad en un corto espacio de tiempo» –sin concretar una fecha–, para lograr esos usos culturales, empresariales, de ocio y servicios públicos, citó Arias. Aunque «hablamos de un espacio que ya está abierto, el festival Link celebrado recientemente, la semana de los Premios Princesa y confiamos que el resto de lo proyectado esté a disposición de los ovetenses lo antes posible».
Sin embargo, para los grupos de la oposición la situación de La Vega doce meses después de aquel día 'historico' es bastante similar. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carlos Fernández Llaneza, considera «un hito» el convenio entre el Ayuntamiento, el Gobierno regional y Defensa, pero «un año después, seguimos sin avances». Y sobre todo, dice que no hay hoja de ruta «más allá de meter una autopista por el medio. Urge el plan especial como documento fundamental que, calcula, tardará como mínimo entre uno y dos años. Sobre lo hecho hasta ahora, Llaneza ve insuficientes los estudios arqueológicos con georadar valorados en 17.000 euros y advierte de que si aparecen restos más adelante frenaría cualquier plan en seco.
En cuanto a los futuros usos, el socialista prioriza agilizar las negociaciones con Indra para instalar un centro de innovación. Si sale adelante este proyecto, La Vega podría recuperar «actividad de nuevo en cuestión de meses». También, alcanzar ya un acuerdo con el ministerio para permutar parte de los aprovechamientos por otras parcelas «para reducir la presión edificatoria y de paso, agilizar la construcción de parte de esas mil viviendas públicas que tanta falta hacen». Para el PSOE hay que evitar «que La Vega se convierta en otro solar esperando décadas, porque cada año es una oportunidad menos para la ciudad» y se debe de trabajar por la búsqueda de consenso entre administraciones y a nivel municipal para recuperar una actividad diaria que, de llevar a esos acuerdos, «en seis años da tiempo de sobra para recuperarla». Es decir, para 2031, el año que Oviedo puede ser Capital Europa de la Cultura y que de lograrlo el recinto fabril podría ser uno de sus emblemas.
Que La Vega debe de ser un motor de futuro, un espacio cultural, de innovación y zonas verdes es una cuestión compartida por todos los partidos. «Los usos deberían de ser tecnosanitarios, de investigación y desarrollo y equipamientos culturales, además de aportar al barrio zona verde para dar continuidad al parque lineal y vivienda residencia, fundamentalmente de alquiler asequible», enumera el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, quien fija un plazo optimista. «Sería bueno que pudiésemos culminar la apertura, la tramitación urbanística y la instalación de la Agencia de Salud Pública antes del final del mandato, a mediados de 2027».
Un plazo relativamente corto muy alejado del que vaticina Vox: «Para que La Vega esté en plena actividad, podemos estar hablando de diez o quince años», advierte su portavoz, Sonsoles Peralta, quien denuncia que «no se ha cumplido ni el propio convenio», donde figura que debe de constituirse una comisión de seguimiento para establecer los compromisos y calendarios de las administraciones implicadas. A medio camino, entre los dos años y los diez, se queda la edil no adscrita, Elena Figaredo, quien estima que la actividad podría recuperarse en «cinco años» y como primer paso, agilizar la tramitación urbanística.
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