Oviedo detecta indicios de contratos amañados por la trama 'Enredadera'

Más de dos horas de reunión de los miembros del gobierno local del Ayuntamiento de Oviedo con el servicio jurídico dieron para anunciar dos medidas. Por un lado, el Consistorio fiscalizará todos los contratos del área de Seguridad Ciudadana desde hace una década y, por otro, se personará en la causa penal abierta por el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona que investiga la 'operación Enredadera', el amaño de contratos de control de tráfico y seguridad en una cincuentena de municipios de todo el país.

A la salida de la reunión y a preguntas de este diario, el concejal de Economía, Rubén Rosón, ha explicado que, a raíz de conocer el alcance de las escuchas paracticadas por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional a los dos exjefes de la Policía Local y el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, José Manuel López y José Manuel Torres, el Consistorio ovetense fiscalizará, al menos, los contratos del área de los últimos diez años. En la auditoría interna se investigarán tanto los contratos adjudicados como los que no se llegaron a adjudicar «para saber qué ha pasado», ha explicado el edil.

Ana Rivas, alcaldesa en funciones, ha aclarado que la decisión política de personarse por parte del PSOE estaba «clara». «Políticamente los tres grupos teníamos claro la personación. Algunos lo han hecho público -en alusiones a Somos-, y otros lo hemos hecho en privado, precisamente porque no teníamos respaldo de los servicios municipales», ha señalado.

De esta manera, y gracias a un informe solicitado el sábado por Wenceslao López, los servicios jurídicos municipales han puesto las bases para que el Ayuntamiento se convierta en acusación particular en una instrucción en la que están imputados José Manuel López, comisario y exjefe de la Policía Local y el subinspector responsable Técnico del servicio y en la que los agentes de la UDEF investigaron el contrato de modernización de los agentes ovetenses. Una adjudicación que el alcade y el concejal responsable del área, Ricardo Fernández, paralizaron tras las pesquisas.

Con la principal empresa investigada de la trama, Aplicaciones Gespol, la Policía de Oviedo tiene contratada la aplicación de las PDA. Los agentes también preguntaron por la compra del radar móvil en 2014. Preocupa, tras la información publicada por este periódico, el de señalización semafórica y control del tráfico, adjudicado en 2016. También fue problemático el de las emisoras y comunicaciones que llegó a llevarse a Fiscalía y que, una vez adjudicado, está por recepcionar.

Por su parte, la concejala de IU Cristina Pontón ha defendido la política de transparencia de su grupo político y, en este contexto, ha situado su petición para «eliminar cualquier tipo de sombras» sobre la posible implicación de su coordinador regional, Ramón Argüelles, en el sumario de la 'operación Enredadera'.

Argüelles aparece en las grabaciones de forma casual porque en agosto de 2017 llamó a López para que le retirara una multa en tramitación por haber aparcado en la plaza de la Catedral donde la coalición tiene su sede en Oviedo. «Guárdatela de recuerdo», le espeta el exjefe de la Policía a lo que Argüelles contesta que «te debo una, cabronazo».