El presidente del TSJA ve «razonable y racional» la propuesta de Canteli de unificar los juzgados de Oviedo en Minas

Un encuentro en que, entre otros, estuvieron frente a frente el consejero de Justicia, Guillermo Peláez, y el presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, decididos a dialogar y buscar soluciones conjuntas. Peláez aseguró a Chamorro que la consejería se encuentra trabajando para encontrar edificios en las inmediaciones del Palacio de Justicia que puedan alojar tribunales de forma provisional y dejó claro que la unificación definitiva seguirá ligada a la creación del Campus B del viejo HUCA, que permitirá convertir en sedes judiciales las actuales facultades de Formación del Profesorado y Educación, Ciencias e Ingeniería de Software. El segundo advirtió que sería conveniente escuchar las propuestas de los alcaldes de Oviedo y Siero, Alfredo Canteli y Ángel García, respectivamente. El ovetense pide el uso de la antigua Escuela de Minas para esos fines y el sierense ofrece terrenos junto a Parque Principado para la creación de la gran ciudad de la Justicia del centro de Asturias.

El clima del encuentro, de «diálogo y mano tendida». Así lo expresó el consejero minutos antes de la reunión. Advirtió que para el Gobierno del Principado «es importantísimo que si queremos ejercer nuestras competencias como administración prestacional para mejorar un servicio público fundamental como es la administración de Justicia, es necesario contar con los jueces y magistrados y conocer su opinión» con el objetivo de «tomar decisiones de la forma más acertada posible». Una reunión, continuó Chamorro, para «relanzar y reforzar el diálogo en la búsqueda de alcanzar los objetivos que tiene la sala de Gobierno y el poder judicial en Asturias».

El presidente del TSJA comenzó solicitando al Ejecutivo que la Justicia, como servicio público, «merece la atención de todos y que debe incorporarse al programa de prioridades del Gobierno regional», presentado por el presidente, Adrián Barbón, hace escasos días. Tras esto bajó al detalle de las infraestructuras y, aunque calificó el asunto de la unificación judicial como «un tema más en el orden del día», fue el único en el que se detuvo durante sus declaraciones a los medios de comunicación. Recordó que se trata de un asunto que viene de largo y afirmó que, entre otras cosas, la reunión de la comisión, a petición del TSJA, busca «ver la posibilidad de dar una solución».

A renglón seguido agradeció públicamente a los alcaldes de Oviedo y Siero «sus aportaciones, que yo creo que hay que valorar y estudiar, porque todas son buenas», e instó a, «con el consenso de todos», buscar soluciones que ,«lejos de la provisionalidad y la precariedad, que cada día se hacen más insoportables» hagan de la de Oviedo la sede judicial «que Asturias se merece». Eso sí, exigió que esto se produjese «en la primera mitad de este siglo XXI, no en la segunda ni para el siglo XXI».

Sobre la propuesta de Canteli de alojar juzgados en la Escuela de Minas, Chamorro aseguró que esa era «la idea primigenia y el acuerdo primigenio que teníamos con la comunidad autónoma», e insistió en que tanto esta idea como la planteada por el regidor de Siero «me parecen razonables y racionales; es cuestión de estudiarlas, valorarlas y ver», aunque siempre con la premisa de que las competencias son del Principado y que «esto debe realizarse con el consenso de todos»: también de los ayuntamientos.

Sobre la posibilidad legal de que esa gran ciudad de la justicia asturiana pueda llegar a encontrarse en Siero y no en Oviedo, matizó que podría ser posible, invocando el área metropolitana y añadiendo que «en este siglo XXI casi avanzado, los problemas de territorialidad son superables; me consta que en otros sitios ha acontecido así». También puso de ejemplo que en Oviedo, de los 37 órganos judiciales unipersonales, «sólo 16 tienen competencias en Oviedo y las del resto van más allá del partido judicial y bien podrían ubicarse en otra demarcación». Ahora bien, optó por «no especular» preguntado sobre si defendería trasladar únicamente aquellos órganos cuya jurisdicción excede al propio partido judicial. «Lo importante es alcanzar posibilidades para la Justicia y los ciudadanos», sentenció.

Los planteamientos del consejero distaban ligeramente. Por un lado, reiteró que el edificio de la Escuela de Minas «pertenece a la Universidad» y dejó claro que «desde el Gobierno del Principado estamos volcados con la operación de unificación de sedes judiciales en Llamaquique», por lo que volvió a apostar por «soluciones transitorias», aunque mostrándose abierto a «escuchar a la sala de Gobierno» en el caso de que alguna pudiera ser definitiva. Esto, porque «reconocemos que las necesidades de la Justicia en Oviedo son incompatibles con los plazos» del plan de El Cristo.

De lo que no habló fue de los plazos para esa posible solución puente ni tampoco quiso detallar en qué edificios del entorno de Llamaquique se ha fijado la consejería para la Justicia, bien mediante alquileres o adquisiciones puntuales. Lo que sí hizo fue negar la posibilidad de instalar barracones provisionales como los que se valoraron en otros proyectos de infraestructuras judiciales asturianas.

Por otro lado, continuó diciendo que la posibilidad de que la gran ciudad de la Justicia asturiana se ubique en Siero es «complicado». «Lo que nos dice la norma con respecto a los juzgados con jurisdicción en Oviedo es que deben situarse en el partido judicial de Oviedo», aclaró.

Lo cierto es que la unificación definitiva de las sedes judiciales en Llamaquique depende de que el plan de El Cristo llegue a buen puerto y de la construcción de ese nuevo Campus B, que costará 102 millones de euros y se erigirá por fases hasta 2031 en los edificios de Maternidad, Silicosis y Consultas Externas, cedidos por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a la Universidad de Oviedo. No obstante, al desarrollo de la antigua ciudad sanitaria le falta por aclarar cuál será el papel de la Tesorería en los planes regionales, ya que sigue siendo la propioetaria de la Residencia, un edificio que todavía no tiene un futuro definido y que será fundamental. A la pregunta de cuándo y cómo se va a incorporar al ministerio de Elma Saiz en la actual comisión tripartita, Peláez respondió lo siguiente:

«Desde el Gobierno mantenemos conversaciones con la Seguridad Social para que finalmente desemboque en su incorporación en esa comisión, que actualmente es tripartita, porque la Tesorería tiene un papel protagonista en esa reordenación urbana de todo el espacio que ocupaba el antiguo HUCA. Pero queremos dar pasos firmes y decididos e incorporar a la Tesorería cuando estemos seguros de que vamos a poder llegar a consensos para ese desarrollo urbanístico porque lo que no podemos permitirnos es un nuevo tropiezo como el que fue Hucamp (la Tesorería y el Ministerio de Interior se salieron). Eso es algo inasumible y ahora queremos dar pasos firmes y seguros». Es decir, cuando se ponga en negro sobre blanco cómo y, sobre todo, con cuánto se compensará a la Seguridad Social por el valor de sus preexistencias en los terrenos. Precisamente fue la no contemplación de esto último lo que motivó su salida del anterior proyecto.