«Llamaquique nunca debería haberse utilizado para la Administración de Justicia»
Los trabajadores de los juzgados insisten en las graves deficiencias del edificio, ahora en obras, mientras Oviedo espera la reunificación de sedes
Todas las miradas están puestas en el viejo HUCA. Su reconversión –ahora retrasada y cuyos derribos no se retomarán hasta 2026, una situación ... por la que el alcalde Alfredo Canteli ha pedido que haya dimisiones– tendrá que esperar y el horizonte de 2031 señalado por la Universidad para la conclusión del campus B está, si cabe, más lejos. Se trata de una pieza fundamental para poder, a continuación, agrupar los juzgados, sustituyendo aulas universitarias por salas de vistas en Llamaquique. Un escenario muy lejano, como ya advirtió en más de una ocasión el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús María Chamorro, que pide una solución puente.
Mientras aguardan avances, el personal de Justicia y los propios ciudadanos sufren la dispersión de sedes judiciales en Oviedo –ocho– y también la deficiente situación en la que se encuentra el Palacio de Justicia, en Llamaquique. A punto de cumplir –en 2026– 25 años «es inadecuado para un uso compatible con la seguridad en el trabajo», como explica el TSJA en la memoria judicial. El propio Chamorro, acompañado por dos vocales del Consejo General del Poder Judicial, Bernardo Fernández y Alejandro Abascal, y por el presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Lorenzo, realizó a principios de este mes una visita al Palacio para advertir de sus puntos más críticos. Demandaron «un Palacio de Justicia para una Justicia del siglo XXI».
Un sentir generalizado. «Este palacio nunca debería haberse utilizado para la Administración de Justicia, entra mucha ciudadanía, es un laberinto, tiene deficiencias de climatización y no es un edificio eficaz», advirtió Daniel Alonso Valdés, coordinador del sector de Justicia de Comisiones Obreras. Quizá, agregó, «para otros servicios administrativos podría haber servido», pero no para un palacio abierto a todos.
En la misma línea se pronunció Aurelio Azpiazu, delegado de CSIF: «Las deficiencias del palacio son tremendas, se queda pequeño y soportamos temperaturas de más de 30 grados, goteras, problemas con los ascensores..., es un cúmulo de despropósitos y hay que hacer una inversión grande».
Para tratar de reconducir alguno de los problemas del palacio –con prácticamente 20.000 metros cuadrados ya se quedó obsoleto desde casi el primer día que abrió sus puertas en 1999–, la Consejería de Hacienda adjudicó por 2,2 millones, a cargo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la UE, unas obras de mejora de eficiencia energética, que ya están en marcha. Lo que se persigue es «la reducción de, al menos, un treinta por ciento del consumo de energía primaria no renovable». Para conseguir este hito, las obras se centran en el cambio de la unidad enfriadora existente; en la protección contra radiación solar en vidrios de fachada; la sustitución del sistema de gestión de climatización existente por uno que incluya tanto la gestión centralizada de climatización como del sistema de iluminación; instalación fotovoltaica de autoconsumo eléctrico y aislamiento térmico de la cubierta. Una actuación necesaria para acabar «con la sauna» en la que se convierte el palacio muchas jornadas, coinciden los trabajadores.
Negar la mayor es imposible. Existe un informe del Colegio de Arquitectos –encargado por el Principado– que detectó falta de espacio, carcoma o pasillos laberínticos que convierten al palacio «en una trampa mortal»,
Para el TSJA, como expone de nuevo en su última memoria, «adolece de numerosos defectos que lo convierten en inadecuado para un uso racional y compatible con las normas de seguridad e higiene en el trabajo». Tiene, incide, «muchos pasillos estrechos, sin una distribución diáfana, con oficinas judiciales, en ocasiones, pequeñas y con despachos oscuros sin luz natural». Una situación a la que se unen «los problemas de humedades».
Los presidentes del TSJA y la Audiencia y los vocales del CGPJ llamaron la atención, durante su reciente visita, sobre la ausencia de baños públicos en las salas de vistas, una carencia básica para cualquier espacio de estas características, y, especialmente, sobre la situación de los juzgados de Familia y de Violencia sobre la Mujer, que cuenta con un espacio tan reducido que una silla de ruedas ancha no puede siquiera acceder a la sala de vistas. La distribución es tan precaria que, en algún caso, los acusados se ven obligados a pasar por delante de las mesas de los funcionarios para llegar a la sala.
Daniel Alonso y Aurelio Azpiazu, de CC OO y CSIF, respectivamente, señalaron también las deficiencias de otro juzgado –en el seno del palacio–: el Penal 3. «Está metido en un triangulín pequeño con muy poca luminosidad», dijo el primero. «La gente está agobiada, con calor, el espacio es ridículo», insistió el segundo.
El problema es que hay un importante hartazgo, «son muchos años ya esperando y hay incertidumbre». Para ambos, la solución ideal pasaría por tener un nuevo palacio y agrupar todos los juzgados en el mismo núcleo, sobre todo ahora que va a cambiar la organización de la Administración de Justicia. Pero, «hoy por hoy no hay nada, son frustrantes las condiciones de las instalaciones, la sensación es agobiante», resumió Azpiazu, quien no quiso dejar de advertir de la situación de juzgados en Asturias como los de Grado o Pravia. Hay mucho por hacer.
«Urge resolver los problemas de conexión de los ordenadores»
Los medios informáticos de los que dispone la Administración de Justicia también preocupan. La propia memoria judicial advierte que «los equipos informáticos individuales de los componentes de la oficina judicial están obsoletos, una circunstancia que influye de forma negativa en la actividad. Es indispensable su sustitución». En cuanto a los programas utilizados, las incidencias «han sido numerosas con repercusión negativa, a veces relevante, en el funcionamiento de la sala y la ralentización de la actividad».
La memoria también insiste en que «falta una adecuación material imprescindible, comenzando por el sistema wifi o equivalente al que tengan acceso los letrados y graduados sociales intervinientes en los procesos judiciales para el traslado ágil de las partes y el tribunal de la documentación manejada, así como su consulta eficiente».
Para David Alonso Valdés, coordinador del sector de Justicia de Comisiones Obreras, urge más resolver «los problemas de conexión que la dispersión de sedes judiciales» en la ciudad de Oviedo.
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