La Zona de Bajas Emisiones de Oviedo se revisará cada cuatro años para comprobar si cumple los objetivos

Los dos partidos de izquierdas solicitaban la introducción de modificaciones en el documento que sirviesen para ampliar los objetivos ambientales de la ZBE y para mejorar también la calidad del aire en barrios como La Tenderina o Ventanielles; no obstante, el equipo de Alfredo Canteli apenas se ha comprometido a estimar las peticiones de IU de realizar en el preámbulo del texto un mayor desarrollo de la normativa y las recomendaciones que avalan la ordenanza –especialmente aquellas emanadas por la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea y la Agenda 2030–, y a introducir en uno de sus artículos sendos compromisos de «velar por integrar en la ZBE las políticas de igualdad de género reflejadas en su Plan de Igualdad», y de «la promoción y la divulgación de la movilidad sostenible de acuerdo con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Oviedo». Dos de once. Así aparece reflejado en el informe del jefe de la división administrativa y del gabinete técnico de la Policía Local, al que ha tenido acceso EL COMERCIO.

Por su parte, de las del PSOE se estima una –de seis– que hace referencia a la necesidad de que en los contratos públicos firmados a partir de la entrada en vigor de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, se deberá exigir a las empresas contratistas que dispongan de los vehículos con el distintivo ambiental que permita el libre acceso por su interior. Sin embargo, no se tienen en cuenta otras como la posibilidad de adelantar el calendario de restricciones –los vehículos sin etiqueta que accedan al anillo interior serán sancionados desde el 1 de enero y lo mismo ocurrirá en 2028 con el anillo exterior– o ampliar vehículos con acceso restringido a otros distintivos ambientales en el caso de que la evaluación de la calidad del aire corrobore que no se están alcanzando los objetivos de reducción de las emisiones tras la implantación de la ZBE.

El gobierno local, en ese sentido, recuerda a los socialistas, autores de esta enmienda, que en el capítulo 12 del proyecto de la Zona de Bajas Emisiones ya se establecen los mecanismos de revisión. «Este proyecto deberá revisarse, al menos, a los tres años de su establecimiento y, posteriormente, al menos, cada cuatro años, con el fin de garantizar que se están alcanzando los objetivos planteados». Es decir, la primera revisión «deberá abordarse en el año 2028», concluye.

A partir de ahí, una vez lleguen los resultados de los informes de seguimiento del proyecto, y en el caso de no cumplirse los objetivos ambientales, el Consistorio adelanta, aunque sin dar demasiados detalles, que «se promoverán las modificaciones normativas y estratégicas necesarias para adecuarlas a estos». Trámites, esos, que no tendrían por qué eternizarse ya que podrán realizarse mediante decretos firmados por el alcalde.

El regidor ya anticipó que la implantación de la Zona de Bajas Emisiones sería «lo más dulce posible para los ovetenses». Una filosofía que se desprende también del informe de enmiendas del Consistorio. El equipo de gobierno sostiene que, con las restricciones de acceso al centro y al casco histórico planteadas, estas «son suficientes para conseguir los objetivos medioambientales y evitar un impacto en la ciudadanía».

En cifras, en la actualidad suponen un 9,41% del total del parque circulante los vehículos sin distintivo ambiental, que emiten en promedio un tercio más que los coches con distintivo B, los siguientes más contaminantes, y un 78,8% más que los vehículos con distintivo C. Por consiguiente, reza el texto, «resulta más eficiente delimitar una zona donde se concentre la movilidad en la que se limite el acceso a los vehículos más contaminantes», por lo que «se descarta la implementación de medidas drásticas».

El equipo de gobierno defiende que «la mejor opción» para Oviedo es la implantación de una Zona de Bajas Emisiones que otorgue mayor nivel de protección en el centro de la ciudad y un ámbito de ORA ambiental comprendido dentro del anillo exterior cuya puesta en marcha implique restricciones al aparcamiento a vehículos contaminantes y con una tarificación diferenciada en función del potencial de afección medioambiental a través del aparcamiento. El PP completa su tesis argumentando que la existencia de la actual regulación del casco histórico «sirve como base» para la implementación de restricciones que puedan promover «una remodelación del parque circulante», especialmente enfocado en distribuidores o servicios públicos, y que conlleven «una mayor proporción» de vehículos por kilómetro.

En cifras, la mejora de la calidad del aire estimada y la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero en el horizonte 2030 se estima en un descenso en el nivel de contaminación por dióxido de nitrógeno de 22,7 microgramos por metro cúbico hasta los 18,1, lo que «sería suficiente para situarse debajo de los valores que fija la nueva directiva europea».

A ese respecto, y después de recibir críticas –principalmente de Vox– por el supuesto «afán recaudatorio» de la medida, el Ayuntamiento niega la mayor y asegura que la previsión de ingresos por sanciones es una «previsión técnica ante la necesidad de garantizar el cumplimiento de la regulación» y no «un deseo de fomentar la infracción». También advierte que las medidas, a pesar de que se ha rechazado la posibilidad de aprobar exenciones para las rentas más bajas, «priorizan la equidad y la proporcionalidad». Entre otras cosas, los residentes estarán exentos de restricciones –también podrán acceder los que vayan a estacionar en un parking público– y «se han previsto alternativas de transporte público y excepciones específicas para quienes realmente necesitan acceder con vehículo privado» con el objetivo de «minimizar el impacto sobre quienes viven y trabajan en Oviedo».