El Principado reclama que se tenga en cuenta la presión fiscal en la nueva financiación

Barbón critica las políticas de Madrid, cuya nueva presidenta anunció una rebaja «histórica» de impuestos: «Generan una competencia sin sentido»

JOSÉ L. GONZÁLEZOVIEDO.

La nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, prometió el martes durante la primera sesión de su investidura una rebaja «histórica» de impuestos que hará que los madrileños, todos, vean reducido su recibo del IRPF en un 5,5%. Los primeros cálculos arrojan unas cifras de unos 300 millones de euros de merma para sus arcas públicas. «Me preocupa la injusticia. Estas rebajas son un sistema de discriminación fiscal que genera una competencia sin sentido entre las comunidades», señaló ayer el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien anunció que pedirá que la presión fiscal de las comunidades sea tenida en cuenta a la hora de elaborar el nuevo sistema de financiación autonómica.

La pasada semana, el PSOE se reunió con Compromís en Valencia para negociar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Una hora antes, José Luis Ábalos, ministro de Infraestructuras y secretario de organización de los socialistas, se descolgó anunciando que, cuando se formase el gobierno, se emprendería la reforma de la financiación autonómica en el plazo de un año. Una medida largamente reclamada desde la comunidad levantina. Desde entonces, las diferentes autonomías han comenzado a posicionarse y a poner encima de la mesa los criterios que, creen, deben imperar en el reparto de los fondos. Mientras Asturias defiende que la dispersión de la población, su envejecimiento y la orografía sean criterios con peso en el cálculo del reparto, otras como Valencia se decantan por que impere el número de habitantes. Madrid, con más de 6,5 millones de habitantes, lograría grandes beneficios si este criterio se impone sobre otros. «Madrid anuncia nuevas rebajas fiscales, pero es de las primeras que llama al Estado para pedir más fondos», criticó Barbón, quien cree que este tipo de políticas demuestran «escaso compromiso con la solidaridad» con el conjunto del país.

Asturias se juega mucho en este proceso. Más de la mitad de los ingresos que pasan a formar parte de su presupuesto, con el que se sostienen los servicios públicos, llegan por esta vía. Dos grandes bloques de comunidades se han posicionado ya en torno a una negociación que se prevé larga e intensa. Por un lado, están Asturias, Galicia, Cantabria, las dos Castillas, Aragón y La Rioja, que defienden criterios similares a los asturianos. Por otro, comunidades como Andalucía, Valencia, Región de Murcia y Baleares plantean que el número de habitantes prime sobre otras cuestiones. «Nuestra postura piensa en una articulación del estado con una visión solidaria», recalca Adrián Barbón, quien mostró su preocupación por los 200 millones de euros que debía recibir Asturias y que permanecen bloqueados por la falta de Gobierno. El presidente señaló que se trata de un dinero que estaba «presupuestado» y que el hecho de estar retenido supone «un golpe duro» a la financiación de la región. «Hay tensiones lógicas de tesorería y también en la propia ejecución presupuestaria», afirmó el presidente, quien cree que «puede haber problemas» para cumplir los objetivos de déficit si la situación se prolonga.

La actualización de las entregas a cuenta y la liquidación del IVA de 2017 son los dos capítulos de en torno a 120 y 75 millones de euros que integran la cifra global. En la actual situación de interinidad del Gobierno, según sostiene el propio Ejecutivo, no es posible liberarlos. Adrián Barbón culpó de esta situación a Ciudadanos y Podemos, los dos partidos que «están bloqueando» la formación de Gobierno. «Vuelvo a hacer un llamamiento a la responsabilidad. Están bloqueando, entre otras cosas, que Asturias reciba esos 200 millones de euros».

Por su parte, la portavoz del PP en la Junta del Principado, Teresa Mallada, expresó ayer su temor a que el bloqueo de los 200 millones de euros «esconda la intención del presidente en funciones, Pedro Sánchez, de modificar el sistema de financiación autonómica». Mallada sostiene que un informe de la Abogacía del Estado permite al Gobierno liberar estos fondos aún estando en funciones. «Es incomprensible que Pedro Sánchez ahogue financieramente a las autonomías cuando existe una solución legal que permite el pago de estos anticipos», afirmó la portavoz popular.

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