El director general de Gestión Forestal defiende la actuación del Servicio de Montes en el caso de la mina de Cerredo
Javier Vigil niega contacto alguno con la empresa y explica que «ante los informes recurrentes de la guardería» se pidió explicaciones a Minas, que enmarcó lo que estaba ocurriendo en el proyecto de explotación. A partir de ahí, dijo, «Montes tiene poco que decir»
«Ante los informes recurrentes de la Guardería de Medio Natural (en el entorno de la mina de Cerredo), el Servicio de Montes, a ... través del jefe de sección, consideró necesario abrir un expediente y solicitar un informe de la situación a Minas. Cuando desde Minas se informó de que todas las actividades que habían sido objeto de informes por parte de los guardas estaban enmarcadas en un proyecto de concesión minera en fase de restauración, el asunto pasa a ser de Minas y Montes tiene poco que decir». Con estas palabras, el director general de Gestión Forestal del Principado, Javier Vigil, trató de explicar que, pese a que las continuas actas de los agentes de Medio Natural alertando de posibles irregularidades en el entorno de la explotación minera —donde el pasado 31 de marzo murieron cinco personas— sí llegaban a su departamento y fueron oportunamente tramitadas, el margen de actuación del Servicio de Montes era muy reducido. Además, negó de forma rotunda haber mantenido contacto con responsables de la empresa o con la Dirección General de Minas para abordar cuestión alguna en relación con este yacimiento.
El director general de Gestión Forestal, cargo que ocupa desde septiembre de 2023, defendió que se trata de un proceso «muy garantista» y rechazó que las decisiones de la Dirección General de Minas prevalecieran sobre las de su departamento. «Cada uno actúa en el ámbito de sus competencias», respondió Vigil a los diputados en la comisión de investigación que estos días se celebra en la Junta General y que busca aclarar posibles responsabilidades políticas o de gestión.
Ante la insistencia de los parlamentarios sobre el papel que debe adoptar el Servicio de Montes tras recibir informes de Minas asumiendo las competencias, en caso de seguir detectándose advertencias por parte de los guardas de presuntas irregularidades, Vigil señaló que «si se trata de las mismas actuaciones en los mismos lugares, simplemente se incorporarán al mismo expediente; pero si se detectan otras actividades en otros emplazamientos se volvería a consultar a Minas».
Vigil, en todo caso, comenzó su comparecencia asegurando que personalmente solo tuvo conocimiento de una denuncia del guarda de Medio Natural José Manuel Carral en el entorno de esta explotación minera. Dicha denuncia estaba relacionada con una zanja realizada en un monte de utilidad pública, por la que se abrió un expediente sancionador a la empresa Combayl (cuya administradora era la mujer de Jesús Rodríguez Morán, principal responsable del entramado empresarial que hay detrás de esta mina). El expediente se resolvió en tres meses con el pago de la multa por parte de esta firma.
Sin embargo, en aquel momento la empresa que actuaba en la zona era Blue Solving (cuyo administrador era el hijo de Rodríguez Morán) y los diputados expresaron su sorpresa por el hecho de que este hecho no se hubiera detectado en ningún momento durante la tramitación de este expediente. «Un guarda no va a pedir las escrituras cuando notifica algo, eso complicaría las actuaciones. Pero, evidentemente, como en todos los ámbitos de la administración sí hay aspectos mejorables», admitió Vigil.
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