Adrián Barbón llega al ecuador del mandato tras verse obligado a reorganizar su equipo en tres ocasiones

El Partido Popular crecía de forma considerable a costa de la desaparición de Ciudadanos y Vox duplicaba su presencia en la Junta. El Grupo Mixto, conformado por un diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, y por la entonces aún representante de Podemos, Covadonga Tomé, se convertiría en la doble llave del Gobierno para alcanzar los necesarios 23 diputados en la Junta.

Barbón comenzó la legislatura jugando la baza de la 'geometría variable' que había utilizado con éxito en su anterior etapa, buscando el apoyo de uno u otro en función de sus intereses, y llegó a aprobar los primeros presupuestos con el apoyo de ambas fuerzas. Para los segundos ya únicamente logró el respaldo de Tomé.

Ahora, dos años después de aquellos comicios autonómicos y municipales, el presidente autonómico alcanza el ecuador de su segundo mandato tras atravesar sonadas crisis internas con su socio de Gobierno, llevar a cabo tres importantes reestructuraciones en su equipo y perder apoyos en la Junta. El de Foro, de forma muy evidente, después de que Pumares alcanzara un acuerdo parlamentaria con el PP de Álvaro Queipo y endureciera su discurso contra el Gobierno regional. Pero también el de Covadonga Tomé, que aún se mantiene como su aliada natural, pero con la que se ha producido un claro distanciamiento en los últimos meses a raíz del posicionamiento de la ahora líder de Somos en relación con la comisión de investigación parlamentaria sobre el caso del accidente en la mina de Cerredo.

Barbón inició este segundo mandato con cambios importantes en su equipo. Renovó más de la mitad de su Consejo de Gobierno, situó a Gimena Llamedo como su mano derecha, entregó las áreas de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos a lU-Convocatoria por Asturies y asumió bajo su manto las áreas de Cultura, Política Llingüística y Deportes.

Apenas unos meses después, la entonces consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, era elegida senadora por designación de la Junta en sustitución de Enrique Fernández, dejando un hueco vacío en el Consejo de Gobierno que dio pie a una primera reorganización. Barbón anunció entonces la creación de una macroconsejería unificando las áreas de Bienestar y Cultura con Vanessa Gutiérrez al frente, y dotando así el área de Cultura de rango de consejería. Sin embargo, la presión recibida por parte de las asociaciones del tercer sector y de la cultura, críticas con la unificación, y los duros reproches de su propio socio de Gobierno hicieron que el también secretario general de la FSA diera marcha atrás. Comunicó sólo 48 horas después que mantendría la consejería de Derechos Sociales con su estructura inicial, nombrando consejera a la hasta entonces directora general de Infancia, Marta del Arco, y creando una nueva de Cultura, Deporte y Política Lingüística, encabezada por Vanessa Gutiérrez. Fue la primera reforma de la estructura del Gobierno de la legislatura. Pero no la única.

Un año después, en enero de 2025, el líder socialista volvió a hacer un cambio de cromos con la salida de la entonces consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñí, quien abandonó el Gobierno tras para presidir la Autoridad Portuaria de Gijón. La hasta entonces directora general de Energía y Minería, Belarmina Díaz, se ponía al frente del departamento y, para compensar la marcha Roqueñí, se recuperaba la Viceconsejería de Medio Ambiente con Susana Madera a la cabeza.

Para entonces el Ejecutivo regional ya había sorteado numerosas crisis de diferente calado: la amenaza de huelga en Educación al inicio del curso escolar, los reproches del sector ganadero por su gestión de la tuberculosis vacuna, los recelos ante su propuesta de modificar el mapa sanitario, el paro de cuatro meses por parte de los trabajadores de las ITV con un importante impacto en la sociedad, el freno al vial de Jove o el escándalo que supuso que se hiciera público la falta de seguro por parte de Cogersa después de que la nueva planta para el tratamiento de basura sufriera un incendio que la dejara inutilizada.

No obstante, la principal crisis se desató tras el fatal accidente en la mina de Cerredo, donde fallecieron cinco trabajadores, y la sucesión de informaciones que además de responsabilizar a la empresa por extraer carbón de forma ilegal ponían en duda el rigor en la gestión por parte de la Administración autonómica.

A raíz de ese siniestro y ante la presión por las posibles responsabilidades políticas, unida a las duras acusaciones de un presunto conflicto de intereses, la consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, presentaba su dimisión.

Unas horas más tarde Barbón comunicaba su intención de suprimir este departamento, que ha centrado buena parte de los conflictos de esta legislatura, y repartir las competencias entre dos de sus consejeros de máxima confianza. El área de Medio Ambiente lo asumía tal cual estaba la ahora denominada Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, que lidera Alejandro Calvo, mientras que las competencias de Industria pasaban a manos de Borja Sánchez, quien cumpliendo el mandato de Barbón abogó por renovar todo el equipo y recuperar la viceconsejería de Industria.

La remodelación total del área de Industria no evitó que se pusiera en marcha una comisión de investigación parlamentaria con la que la oposición pretende analizar la gestión en materia de minería de los últimos años, y que se ha convertido en el principal quebradero de cabeza del Gobierno de Barbón. El grupo parlamentario socialista trató de hecho de evitar por todos los medios esta comisión y la dimisión de Belarmina Díaz sirvió para convencer a sus socios de Gobierno, pero el rotundo posicionamiento a favor por parte de Covadonga Tomé fue determinante. La relación con la diputada del Grupo Mixto es muy distante desde entonces, hasta el punto de que podría poner en peligro la mayoría parlamentaria, que a estas alturas de legislatura ya depende únicamente de ella.

Y, mientras tanto, la coalición PSOE e IU-Convocatoria por Asturies resiste pese a los numerosos desencuentros públicos y privados que han ido capeando en los dos últimos años, con claras cesiones por ambas partes y alcanzando acuerdos especialmente en torno a las políticas de vivienda, donde el Gobierno está centralizando gran parte de sus esfuerzos y recursos, pero también en materia fiscal. El último, una reforma del IRPF para aplicar rebajas a las rentas más bajas en la que el PSOE ha asumido como propia la reivindicación de su socio de gobierno y ha compensado esta medida con la subida del impuesto a las rentas altas. Un extremo que el propio Adrián Barbón había rechazado apenas unos meses antes.

Por delante, otros dos años en los que el Ejecutivo regional se ha comprometido a apostar por la innovación ante el desafío demográfico, por favorecer el acceso a la vivienda, la modernización sanitaria, el apoyo a la nueva economía verde, la movilidad sostenible, y la captación de nuevas inversiones con la industria de la defensa como sector en auge.