El Principado recaba en Bruselas apoyos para «dar la batalla jurídica» contra el Huerna

Llega la semana clave. El viernes a las 17.30 en Oviedo está convocada la manifestación impulsada por el Principado para reclamar al Gobierno central que ponga fin al peaje del Huerna. La cita permitirá calibrar el apoyo que tiene entre la ciudadanía esta reivindicación y, en consecuencia, determinará las opciones que hay de lograr una solución política. Reunir a un número significativo de asturianos supondría un incentivo para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez buscara una solución con la que apaciguar el malestar en esta circunscripción de siete escaños. Si por contra la movilización es testimonial, saldrán reforzados en el PSOE quienes entienden que aquí el Gobierno de Adrián Barbón ha sobreactuado, dando alas a la derecha y erosionando la imagen del ministro Óscar Puente por un puñado de votos no significativos.

Al margen del frente político, el dictamen de la Comisión Europea que considera probado que tanto la prórroga del peaje hasta el año 2050 como la posterior privatización de Aucalsa se hicieron vulnerando la legislación, abre otros escenarios. En una entrevista con EL COMERCIO, el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, detallaba una hoja de ruta para el frente judicial. El primer paso ya se ha dado, y consiste en recabar junto a los gobiernos autonómicos de Castilla y León y Galicia el expediente completo de la prórroga y el de la posterior venta. Con ello se plantearía una revisión administrativa de la prórroga, solicitando al Ministerio de Transportes que la anule y actúe en consecuencia.

«Cuando eso se resuelva, que puede ser cuestión de muy pocos meses, podríamos dar el salto al ámbito jurídico, con un recurso contencioso administrativo», indicó. Además, los tres gobiernos autonómicos concernidos (Asturias, Galicia y Castilla y León) explorarían con la documentación en la mano la opción de abrir nuevas causas judiciales en España, denunciando las irregularidades y vicios que pueden detectar en los expedientes. Se trata de una vía que podría acelerar el momento en el que el Tribunal de Justicia de la UE intervenga en la cuestión y resuelva el litigio.

Esa es la hoja de ruta y para emprenderla Calvo está preparando el terreno. Hace dos semanas acudió a Madrid para aprovechar una conferencia que impartía el vicepresidente de la Comisión Europea al cargo del expediente del Huerna, Stephan Séjourné, y verse con él. Además de darle el apoyo político del Principado, trató de confirmar la información que tiene del expediente.

Ayer abundó en esa línea. Acompañado de su viceconsejero Jorge García y de la secretaria general de la consejería, Eva Fueyo, se reunió en Bruselas con el equipo técnico de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes. Son los juristas de Bruselas encargados de la redacción del dictamen que juzga ilegal aspectos claves del peaje.

El encuentro «nos ha permitido, con la confidencialidad del proceso, conocer más en detalle las posiciones compartidas que nos pueden ayudar a dar la batalla en el ámbito administrativo y jurídico», confió el consejero. «Ha sido una reunión muy fructífera», celebró.

El consejero salió de las reuniones destacando que en este mandato para la Comisión será un asunto central «la defensa de las reglas y del mercado único». Precisamente lo que recrimina Bruselas a España es que en 2000 se saltó una norma que afectaba a los contratos públicos de todo el continente y con ello dificultó que inversores de otros países de la UE pudieran optar a explotar el Huerna. «Muchas veces vemos a la UE muy lejos y en este trabajo se ha puesto en primera línea en defensa de los intereses de Asturias y los asturianos», dijo el consejero.

Estar al corriente de cada detalle de este expediente suma de cara a los pleitos que están por venir. Formalmente en el procedimiento de infracción solo están personados el Gobierno central y la Comisión Europea, con deber de reserva de cara a terceros. Para romper esa barrera la Xunta ha recurrido a la Defensora del Pueblo europeo para lograr acceso íntegro a una documentación de la que las administraciones autonómicas ya manejan información significativa.

Temas

• Principado de Asturias
• Comisión Europea (CE)