Gijón acusa a Cogersa de cobrar este año cuatro millones de «sobreprecio» a ayuntamientos y vecinos
El concejal del PP Rodrigo Pintueles exige que esos beneficios «se reinviertan íntegramente en el ámbito local, en medidas de apoyo a mejorar el reciclaje»
El consejero de Medio Ambiente y presidente de Cogersa, Alejandro Calvo, esbozó ayer una hoja de ruta con la que ir resolviendo parte de ... las decisiones estratégicas que la entidad tiene pendientes. En un mes y tras invertir 78,4 millones la 'plantona' volverá a estar lista y a disposición, incorporando medidas que mejoren su respuesta ante el fuego para evitar un incendio como el que en abril de 2024 arruinó una de sus naves. Calvo confirmó, como ya avanzó EL COMERCIO, que procederá a una activación de la instalación «progresiva», alargando «lo máximo posible» el proceso, espaciando la incorporación de líneas de residuos y dejando para el final el procesado de los que pueden dar más problemas.
También ha encargado a los técnicos de Cogersa un informe que, en un mes, aclare los pros y contras de los tres modelos de gestión que cabe aplicar en la 'plantona': privatizarla, dejarla en manos de un organismo público como Tragsa, o asumir su gestión con personal propio de Cogersa. Calvo no hizo ascos a la primera opción, indicando que a veces «la mejor manera de defender lo público es delimitando bien su perímetro». Caso de privatizar, avanzó que sería asegurando a la plantilla las mismas condiciones que disfrutan los trabajadores del consorcio público. De paso confirmó que el plan de contratación aprobado por Cogersa, como desveló este periódico, incluye la posibilidad de lanzar un encargo de 96 millones por la gestión de la planta durante cinco años, asumiendo el interesado también la colocación de todos los productos que salgan de ella. «Si fuesen 96 millones, yo creo que todos estaríamos satisfechos con que ese sea el coste global, ya sea con gestión directa, medio propio o indirecto», valoró el consejero.
La 'plantona' se diseñó para convertir parte de lo que los asturianos dejan en el contenedor de la basura que no es para reciclar en un combustible sólido recuperado (CSR). Se estimaba una producción anual cercana a las 145.000 toneladas, si bien el consejero aseguró que con unos reajustes se podría reducir la misma al entorno de «90.000 o 100.000 toneladas al año». Su destino final sigue siendo una incógnita pero el consejero insistió en que ese no es el debate ahora, y que, «no hay ninguna instalación en Asturias que pueda usar el CSR como combustible». La central de La Pereda (Mieres) y la cementera de Tudela Veguín tienen planes para adaptarse a ello. De hecho hoy la Coordinadora Ecoloxista, al hilo de esa aseveración, ha preguntado a Medio Ambiente si ha revocado la autorización que tiene Hunosa para usar el CSR en la primera.
El esquema ayer presentado por el consejero dejó un cabo suelto. En 2023 Cogersa tiraba al vertedero los desperdicios que los ciudadanos dejan en el contenedor que no es para reciclar, y por ese tratamiento (y el impuesto que grava el uso del basurero) cobraba a los ayuntamientos 67 euros por tonelada. Este curso la entidad está aplicando la misma solución a esa basura, sin embargo se viene cobrando a los consistorios 80 euros por tonelada. ¿A qué se debe esa diferencia? Según justificaba el propio Principado en un comunicado de septiembre de 2024, ese era un precio «ponderado que toma como hipótesis la entrada en funcionamiento de la planta de tratamiento de la fracción resto en el último trimestre de 2025».
Ahora tanto el presidente del Principado, Adrián Barbón, en el debate de orientación política, situó en 2026 la entrada en funcionamiento de la 'plantona' y de las explicaciones que dio ayer el consejero cabe deducir que, en efecto, el uso que pueda tener la instalación en noviembre y diciembre será mínimo, con lo que el incremento de los costes de gestión también serán moderados. De todo ello se percató ayer Rodrigo Pintueles, concejal de Gijón por parte del PP, quien, junto a su compañero de partido y homólogo de Oviedo, José Ramón Pando, votó en contra de las tarifas propuestas para 2026.
«La vigente tarifa ya le ha generado a Cogersa unos beneficios de 4,4 millones de euros, que en nuestra opinión hacen innecesario el aumento propuesto, dado que el coste real y efectivo del servicio parece estar ya más que cubierto», razonó Pintueles.
Rodrigo Pintueles, concejal de Gijón, recordó que la tarifa de este año se calculó contando con una activación de la 'plantona' más intensa. Cálculos por los que los ayuntamientos han pagado un sobreprecio de cuatro millones y exigió que «el superávit obtenido se reinvierta íntegramente en el ámbito local, en medidas de apoyo a los ayuntamientos para mejorar la separación en origen».
«Se ha estado cobrando a los ayuntamientos un precio de 80 euros por tonelada, que era una estimación calculada para que la planta de tratamiento entrara en funcionamiento durante la totalidad del último trimestre de 2025, sin embargo, hemos conocido que no será así. Por lo tanto, hemos estado pagando 80 euros por lo que realmente tenía un precio de 67, que es el verdadero coste de lo que se ha hecho hasta ahora», explicó. «El Ayuntamiento de Gijón, al igual que en el resto de concejos asturianos se ha pagado al consorcio un sobreprecio de 13 toneladas», agregó. Lo abonado de más por todos los consistorios sería cuatro millones, de los que uno corresponde a Gijón. Se da la circunstancia de que, desde este año, los ayuntamientos tienen la obligación de repercutir en sus ciudadanos la totalidad de los costes de la gestión de la basura, por lo que trasladan al recibo de los vecinos estas oscilaciones.
«Confiamos en que al menos ese resultado económico positivo que ha obtenido el consorcio a costa del sobreprecio que hemos abonado los ayuntamientos se reinvierte en su totalidad en el ámbito municipal con medidas de apoyo económico para mejorar la separación y gestión de residuos», demandó Pintueles.
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