Los empresarios se plantean reclamar al Estado que devuelva el peaje cobrado «indebidamente»

Hay dos nombres propios que han sido imprescindibles para llegar hasta aquí. El primero es Diego Maraña, abogado vigués especializado en regulación europea que creó y preside En Colectivo; desde esta asociación en 2019 denunció las prórrogas otorgadas al peaje de la AP-9 gallega. El segundo sería el entonces líder de Podemos Asturias, Daniel Ripa, quien vio posibilidades a esa vía y, en solitario, se sumó a la misma denunciando idénticas vulneraciones en la AP-66. Gracias a esas decisiones individuales hoy la Comisión Europea sigue un mismo procedimiento contra ambas concesiones.

Con ese bagaje a sus espaldas Maraña contactó en las últimas semanas con diferentes representantes del transporte asturiano, al objeto de anticiparles cuál será su estrategia jurídica en adelante, invitándoles a sumar fuerzas. Fuentes próximas a esos encuentros indican que En Colectivo defenderá que el Estado está perjudicando con su hacer a los usuarios de la AP-9, existe por tanto una responsabilidad patrimonial de la administración y en base a ella corresponde que reintegre todos los peajes que la concesionaria cobra «indebidamente».

El camino consistiría en hacer una primera reclamación administrativa dirigida al Consejo de Ministros. Si pasado el tiempo no tiene respuesta satisfactoria, se acudiría al Tribunal Supremo, aduciendo que los pronunciamientos hechos hasta ahora por la Comisión Europea tienen un rigor jurídico tal que la ilegalidad de las prórrogas admite poca controversia. De dar por buena esa tesis, el Gobierno de España estaría alargando artificiosamente el proceso ante Bruselas, para retrasar un rescate ineludible, perjudicando así a los actuales usuarios de la autopista.

De momento la Federación Gallega de Transporte de Mercancías (Fegatramer), la principal asociación empresarial del sector en la comunidad vecina, ya tiene aprobado seguir esta hoja de ruta. En un comunicado anuncian que reclamará lo pagado a la concesionaria de la AP-9 al entender nulo de pleno derecho el contrato de concesión. Para esta acción recurrirá a Gándara Mouré, el bufete con el que trabaja En Colectivo.

Maraña tiene previsto defender que Asturias se sume a esta vía. Lo hará el jueves, en una reunión que viene preparando con diferentes asociaciones. A sus interlocutores les habría estimado que los costes jurídicos de ampliar esta reclamación al caso del Huerna pueden estar en los 75.000 euros, por lo que aconsejó formar una plataforma de afectados.

Los colectivos empresariales asturianos están a la espera de analizar a fondo el asunto para tomar una decisión y aclarar dudas al respecto. En el sector se tiene muy presente el antecedente del céntimo sanitario. En aquel caso el Supremo determinó en 2016 que existía responsabilidad patrimonial del Estado y que, en consecuencia, debía devolver los pagos indebidos, pero lo hizo en base a que en 2014 el TJUE había dictado una sentencia concluyendo que aquel tributo era ilegal. «Ahora no tenemos ese respaldo jurídico de una sentencia, solo dictámenes de Bruselas cuyo contenido exacto no conocemos», comenta uno de los interlocutores de estas negociaciones.

A la espera de ver si cuaja esta acción colectiva, quien ha movido ficha ha sido la Federación asturiana de empresarios (Fade). Hoy tiene convocada una reunión con todas las asociaciones empresariales vinculadas al transporte, para testar el grado de unidad que existe sobre la reclamación y estudiar juntos los pasos a dar. La idea es hacer fuerza común para trasladar al Ministerio de Transportes la urgencia de buscar una solución que alivie la carga que supone el peaje para todo el tejido empresarial y social de Asturias.