El fiasco de los trenes de Feve refuerza la unión del Noroeste en favor de las infraestructuras

Hasta la fecha, el ministerio ha accedido a dar explicaciones a los Ejecutivos autonómicos de Asturias y Cantabria y, de hecho, está convocada una reunión al más alto nivel el próximo 20 de febrero en la que participará la titular de Transportes, Raquel Sánchez. Castilla y León y Galicia exigen formar parte de este encuentro y de los que puedan celebrarse en el futuro al entender que, atendiendo a los anuncios que en su momento hizo el propio Gobierno central, siendo José Luis Ábalos máximo responsable del ministerio, los 31 trenes comprometidos debían de repartirse no solo entre Asturias y Cantabria, sino también entre otras comunidades, entre ellas Castilla y León y Galicia.

Fuentes de ambos gobiernos autonómicos reconocen, eso sí, que nunca recibieron un «compromiso específico de unidades de los nuevos trenes» para su territorio, pero sí (al menos en el caso de Galicia) un compromiso por parte de Renfe de poner en marcha un plan de actuación para mejorar la calidad del servicio de tren de ancho métrico en la línea gallega entre Ferrol y Ribadeo donde, apuntan, «el material rodante es el causante de la mayoría de las incidencias y necesita ser renovado». Además, ambos Ejecutivos regionales tienen muy presentes las palabras de Ábalos y el comunicado que, en junio de 2020, hizo público el ministerio sobre la adjudicación a CAF de 31 trenes que darían servicio a Asturias y Cantabria, pero también a Galicia y Castilla y León e, incluso, al País Vasco y Murcia. De ahí que ahora, conocido el escándalo y el retraso en la construcción de los citados trenes, ambos gobiernos digan sentirse igualmente afectados y pidan también «participar y ser escuchados en todas aquellas reuniones que se convoquen desde el Ministerio para informar sobre este asunto, junto con el resto de comunidades que cuentan con este servicio».

Apuestan, de hecho, por utilizar el frente común que ya existe en el noroeste de la región en favor del Corredor del Atlántico para presionar al departamento que encabeza Raquel Sánchez en este sentido y exigir que se agilice al máximo la construcción de los famosos trenes.

No obstante, el hecho de que Castilla y León y Galicia se sumen a las demandas de Asturias y Cantabria podría resultar perjudicial para los intereses de estas dos comunidades, que planeaban repartirse los 31 trenes encargados a la empresa CAF. De hecho, los planes de Cercanías en vigor comprometían diez unidades para Asturias, mientras que a Cantabria se le renovaría toda la flota de ancho métrico, con 22 unidades. Un reparto que superaría de entrada el lote inicialmente encargado a la firma vasca y que, además, no cubriría en absoluto las expectativas del Gobierno del Principado, que considera que la flota asturiana debería renovarse con quince nuevos trenes.

Aunque el Ministerio de Transportes valora ahora encargar la construcción de un mayor número de trenes, en compensación por el retraso, si Galicia y Castilla y León exigen entrar en el reparto, Asturias y Cantabria podrían verse perjudicadas y, lo que en principio se plantea como una unión de territorios para hacer frente común ante el Gobierno central, podría derivar en una guerra entre comunidades. Por ahora, la consejera de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, María González Corral y su homóloga en la Xunta de Galicia, Ethel Vázquez, han enviado sendas misivas dirigidas a la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, en las que piden, entre otras cosas, «que se incluya expresamente la renovación de los trenes que circulan por sus respectivos territorios para que todos los viajeros usuarios de estos servicios ferroviarios del norte del país lo hagan en las mismas condiciones».