Primavera del malestar: las huelgas se suceden en el sector público y las profesiones estratégicas
La pérdida de poder adquisitivo y la cercanía de las elecciones espolean protestas en los juzgados, el campo, a educación y la sanidad
Un malestar recorre Asturias. Los secretarios judiciales estuvieron en huelga del 24 de enero al 28 de mayo, los bomberos hicieron lo propio hasta el 10 de mayo, los funcionarios de los juzgados empezaron el 17 de abril y ahí siguen, el 24 de abril todas las organizaciones agrarias organizaron una tractorada ante la Junta General y tres días después eran los maestros de la concertada los que se echaban a la calle. Entre los días 10 y 12 de mayo pararon médicos y enfermeros de atención primaria, los facultativos de urgencias hospitalarios y el personal de Atención Continuada. Jueces y fiscales han aplazado su turno hasta el día 22. ¿Qué está pasando? ¿Propician las elecciones este tipo de conflictos para lograr contraprestaciones? No hay una respuesta única y sí muchos matices.
«Existe una causa objetiva y es que en España se van acumulando años perdiendo poder adquisitivo y eso la gente lo nota. Hay menos consumo que antes de la pandemia y lo que se paga se hace a costa del ahorro, una situación que no es sostenible», apunta el sociólogo Jacobo Blanco. A ello suma una desafección con el sistema, «la gente cree que la democracia liberal no es eficiente y que en vez de evolución tenemos cada vez peores servicios públicos, sistema de salud, ferrocarriles, etcétera».
«Subió el precio del pienso y los forrajes y te quedas sin margen, trabajas para el inglés»
Con 21 años trabajó como electromecánico en Rioglass y «la Thyssen» pero «cansé de la fabrica. No me veía llegando a los 60 años así». Aprovechó el paro para tomarse un año sabático e intentar convertirse en ganadero.«No tenía tractor, compré cuatro vacas y fui a darme de alta de autónomo. Me llamó la consejería para preguntar si estaba seguro, que con cuatro vacas no tenía ni para pagar autónomos». Fue aprendiendo y creciendo y hoy explota en El Collau (Urbiés) 150 vacas. Protesta porque «han subido el pienso, los forrajes y encima tenemos sequía», un encarecimiento que provoca que «trabajes para el inglés».
El tercer factor que identifica el especialista es que «existe una percepción de que tenemos elites políticas y económicas que se lo llevan crudo, que hay triunfadores de la globalización mientras el resto de los mortales no están suficientemente reconocidos». Añade a la pócima que «hablamos de sectores públicos o esenciales, con capacidad de paralizar servicios determinados». Los docentes por ejemplo «arrastran a los padres de los alumnos, que se implican en la educación de sus hijos».
Sí considera que las elecciones locales y autonómicas pueden ejercer de estímulo adicional a la protesta: «Son momentos propicios para lograr compromisos» por parte de unos políticos que se la juegan en las urnas.
Entrevistar a quienes están dejando de trabajar en señal de protesta confirma buena parte de ese diagnóstico. Hay elementos comunes y especificidades en cada colectivo. También mucha vocación que se siente utilizada. Nadie reconoce estar jugándose los ingresos por querer amargarle la campaña a este o aquel partido y todos dan datos para respaldar su hartazgo.
Comparados con otros
Pablo del Valle, profesor de la concertada, dice atender a 354 alumnos este curso, lo que complica memorizar el nombre de cada uno, algo «esencial». Cuenta que da 25 horas semanales de jornada lectiva «cuando en la pública a lo mejor tienes entre 18 y 20 y ganas entre 3.000 y 4.000 euros menos al año». María José Sánchez es médica de atención primaria, lo que calcula le ha supuesto diez años de formación entre carrera, MIR y especialidad, y otros tantos de eventual; ahora la falta de relevo generacional y un acuerdo para mejorar la situación de los interinos ha derivado en «un empeoramiento de nuestras condiciones; nos han incluido una guardia de fin de semana cada dos meses».
«Los políticos venden lo que no tienen, abren puntos de atención, pero con la misma plantilla»
«Llevamos una década avisando de que íbamos a tener jubilaciones sin recambio. De la universidad salen de 10.000 a 12.000 licenciados y solo había 8.000 plazas MIR». En su centro son 11 médicos, «pero la mayor parte del año faltan uno o dos, en verano 3 o 4 y nos repartimos los pacientes». «Los políticos venden lo que no tienen; protestan unos vecinos y abren un punto de atención, con la misma plantilla, sobrecargándonos». Hace dos meses «nos han puesto guardias los fines de semana como resultado de una mejora a los interinos». Ese empeoramiento ha sido la gota que colmó su vaso.
Fernando Ruiz Llorente es magistrado, portavoz en Asturias de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria; aplica la ley y cuenta que si han convocado una huelga indefinida a partir del 22 de mayo es precisamente porque se estaban incumpliendo «una ley. Hay una de 2003 que obligaba a convocar cada cinco años una mesa de retribuciones con jueces y fiscales y después de 20 años no se había reunido nunca, lo que ha provocado una pérdida del del 20% de nuestra capacidad adquisitiva». La amenaza de paro ha provocado que esa mesa se haya reunido por primera vez para explorar vías de solución.
«Esto no es una huelga política, ni contra ningún gobierno, solo es que tenemos que aprovechar ahora antes de que hagan el presupuesto general del estado», explica, sobre el momento elegido. Del Valle identifica como detonante de la protesta en la concertada el hecho «la nueva ley, que no queda claro cómo nos cambia un trabajo en el cual, si tengo 120 alumnos de ESO y debo dedicar 10 minutos a corregirles un trabajo, ya son 20 horas».
«Pedimos que cumplan la ley. Los jueces cobran 2 euros por hora de guardia»
Lo suyo no fue «una vocación meditada». Estudiaba Derecho y ser juez le pareció «una salida bonita». Con año y medio de estudio sacó la oposición porque se le daba bien y tuvo suerte. «Había una nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, así que los que habían estudiando la anterior empezaron también de cero». «En 40 años nadie se ha interesado por la Justicia», dice. Tiene compañeros con una carga de trabajo un 400% superior al cupo razonable. Cada hora de guardia cobran 2 euros. Aplica la ley, pero siente que no se la están aplicando a él: «En 2003 se promulgó una ley que obliga a reunir cada cinco años la mesa de retribuciones y no nos habían reunido hasta ahora que estamos negociando con Justicia y Hacienda».
«Ganamos entre 3.000 y 4.000 euros menos que la pública y tenemos más alumnos y horas»
Con 14 años dio clases de bádminton y aquello le marcó.«Trasmitir lo que sabes, ayudar a formarles como personas a través del deporte me encantaba». Es primera promoción de Magisterio con especialidad de Educación Física de la Universidad de Oviedo y cuando iba a preparar las oposiciones supo que el Corazón de María buscaba profesor. «Iba para un año y seguía con la idea de opositar, pero quedaron contentos conmigo y yo con ellos». Calcula que en la concertada se gana «entre 1.700 y 1.900 euros al mes», que son «entre 3.000 y 4.000 euros al año menos que en la pública», tiene 354 alumnos, algo que supera los ratios de sus homólogos de la enseñanza pública. Cuenta que da 25 horas lectivas a la semana «cuando en la pública a lo mejor haces 18 o 20».
«Vimos que los secretarios judiciales lograban la subida salarial y eso nos abrió los ojos»
Ejerció en un despacho de abogados, «mundo complicado y de condiciones regulares». Tras eso «espabiló», fue consultor comercial y fue director de oficina hasta que la empresa cerró. «Decidí que no quería jugar con mi futuro». Con seis meses de estudio aprobó la oposición de auxilio judicial y logró destino en Toledo, a 600 kilómetros de su mujer e hija. «El detonante de nuestra huelga ha sido la de los letrados de la Administración de Justicia.Vimos que conseguían la subida que reclamaban y eso nos abrió los ojos», indica. Sabemos que perjudicamos al ciudadano, pero nosotros tratamos el día a día del juzgado y arrastramos un malestar por falta de medios y retribuciones desde hace tiempo».
