Minas asegura que el dueño de Cerredo «nos tomó el pelo» y niega haber mirado hacia otro lado

¿Hubo connivencia por parte del Servicio de Minas? ¿Se dio trato de favor a la empresa? ¿Se dieron más facilidades de las debidas porque prometía inversión y empleo? De todo ello se ha hablado esta mañana en la comisión de investigación abierta en la Junta General, y donde ha comparecido uno de los actores claves de esta historia, Santiago Berjano, el jefe del Servicio de Minas, funcionario con 35 años de experiencia en el sector.

El compareciente aseguró que en su servicio agradecen que exista esta comisión «porque es la única ventana en la que podemos decir algo». Desde la tragedia han estado «sometidos a mucho estrés» y presión. En un momento dado reconoció lo que movía su versión: «Defiendo nuestras tramitaciones, nuestro modus operandi. Nada más lejos de nuestro ánimo establecer nada que pueda parecer que estamos dando cobertura» a estas empresas.

Sobre el primer accidente mortal de 2022, cuando el Grupo Cerredo pertenecía a la empresa Combayl, recordó que el día de autos estaba de vacaciones, pero pese a ello, se personó en el lugar de los hechos. De aquello derivó «una sanción que la empresa pagó, me parece que las multas estas son escasas, quizás haya que revisar la ley, pero es la Ley de Minas, que es estatal, y es complicado, aunque bueno, nosotros tenemos una ley autonómica de infracciones y sanciones, el caso es que eso quedó cerrado». La multa fue de 20.000 euros, que Combayl redujo al acogerse al pronto pago. Otro expediente sancionador quedó en suspenso, a la espera de que el juzgado resuelva la cuestión.

Para retomar sus planes con una empresa sin esa carga, Mirantes hizo traspasar la mina de Combayl (que tiene como administradora a su mujer) a Blue Solving (propiedad de su hijo). El jefe del servicio aseguró que «inicialmente no» conocía esa vinculación. Rafael Alonso, del PP, mostró su sorpresa porque el hecho de que pertenecieran al mismo grupo empresarial es algo de lo que dejaban constancia en varias comunicaciones a Minas. «La nueva empresa vino con lo que ahora puede parecer una estrategia de ocultación», apuntó. «Blue Solving entra con una nueva imagen, dicen ser innovadores, verdes, sostenibles. Piden la transmisión de derechos en febrero de 2023 y en noviembre se les concede. En diciembre hay una reunión de nuestra dirección, sé que hubo reuniones con nuestros altos cargos, creo que la viceconsejería estaba en una», deslizó.

Son tiempos en los que Belarmina Díaz es la directora general e Isaac Pola el viceconsejero; a ambos les consta en su agenda de trabajo esos encuentros. «Al servicio no nos llegaba nada hasta que en febrero sí nos llega, nos dicen que van a introducir nuevos usos y eso nos encajaba perfectamente con el plan de restauración. Creo que hay una oportunidad real de aprovechamiento», defendió. Un informe del INCAR confirma que queda carbón en el interior «con potencial». En paralelo Blue Solving y Combayl logran ayudas del Instituto de Transición Justa para equipar naves en la zona exterior para labores de procesado y reciclado. «Son factores ambientales que nos llegan y parecen significativos», comentó Berjano.

Existe un punto importante en esta historia. La transmisión de derechos a Blue Solving queda condicionada a que deposite una fianza de tres millones antes de que acabe 2024. Ese es el dinero que garantizaría una futura restauración de las naves y espacios en los que quería tener su actividad. El plazo dado vence sin que el dinero aparezca ni se tomen medidas. El 6 de marzo de este año, semanas antes del accidente mortal, Berjano se reunió con 'Chus Mirantes' y su hijo, en la consejería. «Los funcionarios no tenemos ninguna reunión que no se comunique más arriba», destacó. «Veíamos que los proyectos no marchaban y no habían depositado la fianza y queríamos saber qué pasaba, ver sus intenciones. Ellos seguían en sus trece, decían que iban a hacerlo, que quizás el pago se pudiera fraccionar. Ahora pensando que estaban sacando carbón de forma clandestina y estábamos sentados con ellos, hace que se me revuelvan las entrañas», confió.

El caso es que de la reunión la empresa sale como entra, sin depositar el dinero, y sin que Minas tome decisión alguna. Semanas después tiene lugar la tragedia. Con el paso del tiempo, el jefe del servicio considera que la empresa desplegó una «estrategia de ocultación que tiene dos vertientes. Una era situar estas labores en zonas con un acceso que echa para atrás al actuario, al que no le puedo decir que se meta en cualquier sitio. Y por eso es importante lo que pudo hacer el director facultativo. Hay una connivencia de la dirección facultativa y el personal, no diré si también de los trabajadores, no lo sé», argumentó. En síntesis, «si quieren ocultar una labor te la ocultan, tu no vas a verla avises o no avises de la inspección. Si la dirección facultativa no quiere que te enteres, no te enteras», asumió.

René Suárez, del PSOE, puso el foco en la fianza y en lo que podría (o debería) haber hecho Minas a la vista de que no se depositó. El funcionario dijo que tendría que consultar al servicio jurídico pero razonó que la ausencia de ese aval «abocaría a la caducidad de la transmisión del derecho minero», algo que requiere emitir una resolución. «Tendríamos que haberlo hecho, pero vino el accidente y nos descompuso todo», precisó. Meses después de siniestro Berjano desveló que Blue Solving solicitó permiso para retomar su actividad en la mina y ahí sí, se le dijo que no podría hacerlo «en tanto no acabe la investigación en curso».

El jefe del servicio admitió que lo de dejar la fianza sin poner «no es habitual», que a él personalmente le «preocupaba» cerrar unos yacimientos que, a la vista del informe del INCAR, podían dar actividad. «Posiblemente nos han tomado el pelo a todos», indicó. «Esto de Cerredo es atípico lo miremos por donde lo miremos, vino una empresa y compró unas unidades de producción que debían cerrar», recordó, volviendo al origen de esta historia. Entre las anomalías que lamentó está le hecho de que esta vez, de cara a la investigación judicial de lo sucedido, la instructora del caso optó por apartar del mismo al Servicio de Minas: «Que yo sepa algo así nunca había ocurrido».

Los dos diputados del Grupo Mixto se quedaron sin preguntar. Adrián Pumares, de Foro, causó baja por enfermedad. Covadonga Tomé, de Somos, vio cómo su posición de presidenta, el reglamento y la decisión de un diputado del PP, le privaban del turno para preguntar. La mesa de la comisión la forman Tomé, Delia Campomanes (IU) y Luis Venta (PP). Para que la sesión tenga lugar deben estar al menos dos en la tribuna que hace de mesa.

Tomé quería iniciar las sesiones ahí como presidenta y después bajar a su escaño, el único sitio desde el que se puede preguntar. El problema es que eso requiere que sus dos colegas de mesa estén en ese sitio. En sesiones como la de ayer, Venta opta por permanecer en su escaño, para poder hacer preguntas, con lo que Tomé no puede salir de la mesa; en otras ha causado baja por atender a otras labores parlamentarias.

"No puedo condicionar mi trabajo por la señora Tomé, si no lo hago así yo no podría preguntar", explicó Venta, quien recordó que fue la izquierda la que propuso celebrar las sesiones en esta sala de la Junta donde la mesa está a una altura distinta, lo que impone estas restricciones. La que solía utilizarse en otras legislaturas dejaba menos espacio para los diputados pero al tener a todos a la misma altura, permitía que el presidente pudiera hacer preguntas sin moverse de su posición.