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La Unión Europea tiene como objetivo reforzar el tejido productivo autóctono y, para ello, está rediseñando su estrategia industrial. Las primeras líneas de ese ... gran plan se desgranarán el próximo 26 de febrero, cuando se presente el 'Clean Industrial Deal', el Pacto Industrial Limpio elaborado por la Comisión Europea con el objetivo de impulsar la competitividad de las empresas del bloque frente a EE UU y China con neutralidad climática.
El borrador del documento, al que ha tenido acceso Reuters, recoge como cuestiones prioritarias la simplificación de las normas sobre ayudas estatales, la reducción de los riesgos relacionados con los acuerdos de compra de energía, el impulso del hidrógeno verde y la reducción de los impuestos sobre la electricidad a los umbrales mínimos legales por parte de los Estados Miembros. Aspectos que el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ya había puesto sobre la mesa cuando presentó su informe sobre competitividad el pasado mes de septiembre.
Con esta decisión, la Comisión Europea quiere intensificar el apoyo a las industrias de uso intensivo de energía, como Arcelor y Asturiana de Zinc, en Asturias, puesto que se enfrentan a «costes energéticos elevados, competencia global desleal y regulaciones complejas». Precisamente, la multinacional siderúrgica mantiene paralizadas sus inversiones verdes en Europa, entre ellas el proyecto de la planta de reducción directa del mineral de hierro (DRI) de Gijón, por el alto precio de la electricidad y del hidrógeno en el Viejo Continente. La multinacional está a la espera de conocer los detalles de este plan para redefinir su estrategia en el Viejo Continente.
La rebaja del coste de la energía es una de las reivindicaciones sobre las que más insiste el tejido empresarial del país. Según el último barómetro de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege), aunque el precio medio del mercado diario en España se ha ido rebajando e igualándose al de sus competidores (como Francia o Alemania), la factura final para este tipo de empresas es muy superior e incluso puede duplicarla, ya que la industria española no goza del mismo tipo de tarifas, ayudas y exenciones.
De hecho, en los últimos meses se ha recuperado el impuesto a la generación, del 7%, que pagan los generadores, pero que estos repercuten en la factura final y con la caída del decreto ómnibus se eliminó la prórroga de la exención del 80% del coste de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución en la factura de la luz para las electrointensivas.
En concreto, las propuestas de la Comisión para mitigar los elevados precios de la energía incluyen un programa piloto con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para mitigar los riesgos de los acuerdos de compra de energía con un enfoque en las pequeñas y medianas empresas. Ese tipo de acuerdos se conocen como PPA, por sus siglas en inglés 'Power Purchase Agreement', o lo que es lo mismo, un contrato bilateral de compraventa de energía a largo plazo entre un desarrollador renovable y un consumidor.
Es el mismo mecanismo que ya plantea el Gobierno de España y que permite que los grandes consumidores de electricidad se puedan garantizar precios más bajos que los del mercado y el abastecimiento de electricidad verde. No obstante, tanto desde el Principado de Asturias como desde algunas empresas de la región, como DuPont, reconocen que no están funcionando como se esperaba.
Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, la española Teresa Ribera, ha sido la encargada de buscar fórmulas para simplificar y expandir las ayudas que los Estados pueden conceder a las empresas para los procesos de descarbonización y para la producción de energías renovables, como el hidrógeno verde.
En ese sentido, Bruselas permitirá ayudas de hasta el 60% del coste a las empresas que adopten este vector como fuente de energía. Los subsidios estándar, según el borrador, abarcarían el 50% de las inversiones en equipamiento, tecnología o instalaciones industriales relacionadas con el hidrógeno verde, pero se podrían ampliar un 5% adicional para las empresas de entre 50 y 250 empleados (con menos de 50 millones de euros de facturación) y un 10% para las pymes de menos de 50 empleados (hasta 10 millones de volumen de negocio).
No obstante, el hecho de abrir la mano con las ayudas de Estado conlleva sus riesgos, ya que países con mayor músculo financiero, como Alemania o Francia, pueden ofrecer mayores facilidades a sus empresas. De hecho, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española ha advertido de que ese camino conduce a una peligrosa ruptura del mercado para el sector nacional.
Además, en el borrador del Pacto Industrial Limpio, que según informa Politico será presentado por Úrsula Von der Leyen en Amberes, se incluye que el BEI también ofrezca garantías a los fabricantes de componentes de red para ayudar a los países miembros a modernizar y ampliar sus redes eléctricas. Una medida diseñada para impulsar el cumplimiento de los objetivos de la UE en materia de cambio climático, que dependen de la electrificación.
De hecho, la falta de una infraestructura de redes eléctricas que dé respuesta a la creciente demanda por la electrificación es uno de los desafíos que Asturias tiene sobre la mesa. Ese déficit (uno de los mayores de todo el país) ya ha bloqueado algunos proyectos industriales en la región, como denunció hace tan solo unos meses Asturiana de Zinc, a quien Red Eléctrica denegó una ampliación de capacidad para aumentar la producción de su planta de San Juan de Nieva.
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