La alcaldesa de Gijón pide que la cesión de la franja litoral se incluya en el orden del día del Puerto

Fuentes municipales señalan que esta petición de la alcaldesa es compatible con el «espíritu de colaboración institucional en el que el Puerto pretende involucrarse con la ciudad», pues el único objetivo que persigue es evitar retrasos en el desarrollo de los proyectos del gobierno local. En su petición a Nieves Roqueñí, Carmen Moriyón esgrime los argumentos del informe elaborado por la secretaría general del Pleno que, tal y como desveló ayer EL COMERCIO, determina que la «única terminación convencional del expediente no puede ser sino la adopción del acuerdo de cesión gratutita de la parcela». De hecho, el informe fija el informe favorable de la Dirección General de Patrimonio del Estado, recibido en el Puerto el 12 de febrero y de carácter vinculante, como el último trámite necesario para concluir el proceso.

Moriyón añade en su solicitud a la presidenta del Puerto que es «en atención al interés general cuya protección tiene encomendada la Alcaldía», por lo que solicita la inclusión en el orden del día «del acuerdo de cesión gratuita de 3.848,20 metros cuadrados segregados de la parcela adquirida por este Ayuntamiento que ponga fin al expediente iniciado por acuerdo del mismo consejo el 19 de marzo de 2024».

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Fue en la última reunión del máximo órgano de decisión de El Musel, el 31 de marzo, cuando la exconsejera Nieves Roqueñí explicó sus nuevos planes para mejorar las relaciones entre el Puerto y la ciudad y desarrollar un plan de mejoras en la franja costera desde el Muelle al Alto de Aboño. Ante la intención del Puerto de mantener la propiedad de la franja litoral de Naval Gijón, la alcaldesa decidió encargar un informe para conocer los efectos jurídicos de esa decisión.

Este documento señala el carácter contractual que adquieren todos los documentos por los que se rigió «la adjudicación mediante enajenación directa» de la parcela, especialmente de la escritura de compraventa con sus anexos y el pliego de condiciones de la venta, que es uno de estos anexos. En este sentido, también apela a la «reiterada» jurisprudencia del Tribunal Supremo.