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El Ayuntamiento prevé incrementar en al menos 20 pisos su parque de viviendas para alquiler social a través de las permutas vinculadas al Plan Llave ... para la construcción sobre terrenos de titularidad municipal. La junta de gobierno dio ayer su visto bueno a la primera fase de este programa, con el que se pretende aumentar la oferta de vivienda en la ciudad con la construcción de al menos 120 pisos. Parte de ellos, una vez construidos, revertirán en el Consistorio como pago por ese suelo y serán gestionados por la Empresa Municipal de Vivienda (Emvisl).
Los promotores que resulten adjudicatarios de las seis parcelas que ahora salen a licitación podrán vender como VPC el resto de viviendas que levanten sobre ellas y explotar como consideren los locales comerciales que permita construir en cada uno de esos terrenos la normativa urbanística vigente. La venta de los pisos, no obstante tiene condicionantes: al tratarse de viviendas de protección concertada (VPC), su precio no podrá superar los 2.124 euros por metro cuadrado; y los futuros compradores deberán estar inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida del Principado de Asturias, así como acreditar –en el momento en el que se abra el plazo para optar a estos pisos– al menos dos años de residencia ininterrumpida o de trabajo en Gijón.
El portavoz de la junta de gobierno y concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, explicó tras la aprobación de las bases algunas de las claves que se tendrán en cuenta a la hora de adjudicar estas parcelas, que salen a licitación en tres lotes de dos parcelas cada una. Las empresas tendrán tres meses, hasta el 15 de julio, para solicitar estos suelos, para lo que deberán de presentar una propuesta arquitectónica que incluya el proyecto básico de cada uno de los edificios proyectados (con memoria general, presupuesto estimado, planos, imágenes 3D, criterios medioambientales, de confort energético y de accesibilidad), así como una oferta económica en lo que respecta al futuro precio de venta de los pisos resultantes. Como adelantó EL COMERCIO, ese precio determinará hasta un 40% de la valoración de cada propuesta (40 puntos sobre 100) y deberá oscilar entre los 1.884 y los 2.124 euros por cada metro cuadrado útil. Este precio será además el que condicione el número definitivo de viviendas que deberá entregar cada promotor al Ayuntamiento en concepto de permuta por el suelo.
Se parte de una estimación de 20 viviendas, resultante de dividir el valor de licitación de cada una de las parcelas entre el futuro precio máximo de venta de cada metro cuadrado construido. En el caso del terreno de la calle Gloria Fuertes, por ejemplo, si el precio se mantuviera en el máximo de 2.124 euros por metro cuadrado tendría que entregar al Ayuntamiento un número de viviendas equivalente a 451 metros cuadrados útiles, que podrían ser seis pisos de 75 metros cuadrados cuadrados cada uno (sin contar sus correspondientes anejos, como aparcamientos y los trasteros). Si el precio de venta propuesto para las futuras viviendas fuera menor, la superficie a entregar al Ayuntamiento se incrementaría. Por otra parte, su correlación en número de viviendas dependerá del tamaño de cada piso (una vivienda de 90 metros cuadrados, dos estudios de 45...).
Dado que la permuta se medirá en metros cuadrados útiles, y ante las dificultades que pueda tener hacer coincidir una superficie exacta con el proyecto arquitectónico definitivo, las bases permiten que los pisos entregados representen hasta un 15% menos de esa superficie, si bien en ese caso el constructor deberá compensar económicamente al Ayuntamiento por el número de metros cuadrados que no le entregue en especie.
Un 45% de la valoración de las ofertas se centrará en criterios técnicos y arquitectónicos, sobre aspectos como el diseño, los materiales, la integración en la parcela y con su entorno, la accesibilidad, la eficiencia energética... «Al final lo que queremos es que se construyan pisos con una calidad arquitectónica muy buena y al mejor precio posible», destacó Martínez Salvador. Otro 15% de la valoración corresponderá a la reducción de los plazos de obra, que deberán ser de un máximo de 30 meses y un mínimo de 25.
El concejal destacó además que las adjudicatarias deberán abonar una garantía equivalente al valor de licitación de cada parcela –oscilan entre 191.000 y 1,1 millones de euros– y acreditar la oportuna solvencia económica y técnica. Por ejemplo, deberán haber construido en los últimos cinco años al menos 50 viviendas y un edificio completo.
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