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La Comisión de Hacienda de la Junta General del Principado aprobó este viernes una proposición no de ley (PNL) del Grupo Parlamentario Popular instando al ... Gobierno regional a elaborar una auditoría integral sobre los recursos destinados a lo largo de los últimos años para garantizar la seguridad y vigilancia en el expoliado antiguo HUCA de Oviedo; sendos informes detallados con una valoración de los daños por los constantes saqueos; con la concreción de cuántos años llevan los edificios propiedad del Principado sin seguro de responsabilidad civil y quién tomó la decisión, y con la identificación de los responsables del seguimiento de los contratos. Por último, y gracias al voto ponderado que rompió el empate de nueve a favor y nueve en contra –la diputada Covadonga Tomé no asistió a la comisión–, la proposición también incluye un punto con la exigencia al Ejecutivo autonómico de que presente ante la cámara un cronograma de actuaciones presupuestadas para el futuro del antiguo complejo sanitario de El Cristo más allá de los derribos en marcha, que aún no han avanzado de la fase previa a la retirada del amianto en edificaciones de titularidad regional como el viejo Hospital General.
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De formularla se encargó el diputado conservador José Agustín Cuervas-Mons. En sus palabras, se hace necesario «arrojar luz sobre un tema que ha sido un auténtico desastre» en Oviedo y en el que, continuó, «la actuación de los gobiernos socialistas ha sido una vergüenza» a lo largo de los últimos diez años. Tachó de «abandono» la situación actual del complejo sanitario y aseguró que «el declive, a la vista, y el perjuicio para los vecinos es incalculable» tras continuos episodios de «robos, ocupaciones y destrozos diarios; los vecinos de El Cristo han tenido que dejar de atravesar esa zona porque era hasta inseguro». Los residentes, encabezados por Ramón del Fresno, llevan años poniendo el grito en el cielo por la situación de los terrenos.
De tratar de desmontar uno de los argumentos que más repitió el PP, y es que la vigilancia del HUCA ha costado 8 millones de euros para que el resultado haya sido la imagen actual de los edificios, completamente desvalijados, se encargó el diputado socialista Luis Ramón Fernández, quien cifró en 3,7 millones el importe de la seguridad desde 2017, año en que la Dirección General de Patrimonio y Contratación se hace cargo de los inmuebles. «El plazo de ejecución de los derribos –en marcha– es de doce meses, y entiendo que los tiempos deberían haber sido más cortos, pero es cierto que el Principado es la administración que ha sido más rápida para derruir los edificios». También negó la necesidad de que los inmuebles cuenten con sus propios seguros de responsabilidad civil, «ya que el Principado se hace cargo y los seguros serían un gasto añadido», aseveró.
La diputada de IU-Convocatoria por Asturias, Delia Campomanes, denunció que la iniciativa de los populares, «que mira al pasado», sólo tiene como objetivo «desgastar al Gobierno». Optó por un «enfoque positivo» y por recordar que «el derribo será el primer paso de una recuperación integral» y que el resultado será «para un uso estrictamente público», al contrario del plan anterior, que consistía «en usar los miles de metros para hacer pisos de lujo, especular y hacer caja». También achacó al Ayuntamiento parte de la responsabilidad de los saqueos, pues «pudo haber contribuido al cuidado de los edificios a través de la Policía Local».
De apoyar a los populares, como ya es costumbre, se encargaron los diputados de Vox y Foro. Gonzalo Centeno, por parte de los primeros, manifestó que «hubiera bastado» para evitar los saqueos «instalar un cierre perimetral el primer día y un par de rondas de la Policía cada noche».
Lo que ha ocurrido allí, prosiguió, «la confluencia perfecta» de tres administraciones (estatal, regional y municipal) «que no han sido capaces de llegar a ningún acuerdo para satisfacer la legítima demanda de los ciudadanos». También introdujo otra cuestión, y es que «aquí alguien se ha lucrado extrayendo material valorado en muchos cientos de miles de euros».
Adrián Pumares (Foro), a su vez, ahondó sobre la tesis del «abandono de un patrimonio de todos los ovetenses y asturianos», y sobre la «nefasta gestión». A su juicio, la proposición no de ley servirá para «desvelar qué no se ha hecho en la gestión de los edificios del viejo HUCA para no volver a cometer permanentemente los mismos fallos».
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