Alcoa anuncia el cierre de su planta de Avilés y el despido colectivo de la plantilla

Trabajadores de Alcoa, este miércoles en la planta de Avilés. /MARIETA.
Trabajadores de Alcoa, este miércoles en la planta de Avilés. / MARIETA.

También toma la misma decisión para la factoría de La Coruña | El elevado precio de la electricidad es el principal argumento que maneja la multinacional

F. DEL BUSTO / N. A. ERAUSQUIN / L. CASTRO

Los peores pronósticos para la planta asturiana de Alcoa, que emplea a más de 300 personas en Avilés, se han confirmado. La multinacional ha comunicado a los comités de empresa de sus tres factorías españolas y al comité europeo su decisión de cerrar las instalaciones de Avilés y Coruña. En un comunicado, la empresa ha anunciado el inicio de un procedimiento de despido colectivo «debido a problemas estructurales intrínsecos» para ello comenzará un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores con una duración máxima de 30 días naturales.

La empresa asegura que se ha comprometido a trabajar para reducir el impacto de este proceso y negociará un plan social con los trabajadores. Afirma también ser «consciente» de la repercusión humana y social de ese anuncio, por lo que «trabajará para alcanzar el mejor acuerdos para ambas partes».

El comité de empresa de Alcoa ha anunciado que «luchará» para evitar el cierre de la planta de Alcoa Avilés después de que la dirección de la compañía anunciase el director de las instalaciones. La compañía argumenta el coste de la electricidad, las instalaciones obsoletas y el alto coste de la alúmina. La compañía anunció que las negociaciones comenzarán el día 31 de octubre

Argumento

La multinacional argumenta para tomar esta decisión los «problemas estructurales productivos y tecnológicos como su menor capacidad de producción, una tecnología menos eficiente y elevados costes fijos» de las plantas afectadas. Aunque añade otros factores, como la sobrecapacidad de producción mundial provocada por China, el elevado precio de las materias primas y el coste de la energía, uno de los factores determinantes, ya que supone la mitad de sus costes de producción.

El Gobierno asturiano ha mostrado ya su rechazo a la decisión y ha criticado además «la insólita forma de proceder» de la compañía, que hasta ahora no había advertido «por ningún medio» de esta posibilidad. El presidente del Principado, Javier Fernández, ya ha trasladado a la dirección de la multinacional su oposición al cierre. El consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, ha rechazado «frontalmente» la decisión y ha asegurado que el Principado trabajará de forma conjunta con Galicia y el ministerio para abordar esta situación. De hecho, ya está en contacto con el Ministerio de Industria y convocará a los sindicatos y la patronal para analizar la incidencia de esta medida. «Es pronto aún para hablar de si existe la posibilidad de revertir la decisión», señaló también el representante del Ejecutivo regional.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de «muy mala noticia» el cierre anunciado y ha avanzado que planteará a su homólogo asturiano trabajar conjuntamente para ofrecer una respuesta coordinada, una posición compartida por Fernández.

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Al argumento del elevado precio de la luz-ayer por la tarde rondaba 0,144 euros por KW a la hora-, se suma también el alto coste que ha alcanzado la alúmina -principal materia prima de la multinacional del aluminio- en el mercado internacional en los últimos meses. La cotización de la tonelada alúmina ronda los 1.200 euros, mientras que el precio medio de la tonelada de aluminio es de 2.354,89 euros. Ambos costes han pasado factura a la compañía norteamericana, pues nada más presentar los resultados del ejercicio pasado -el 17 de enero de este año mostró unos beneficios de 217 millones de dólares- cayó en Bolsa un 7%. El descenso se debió, en gran parte, al elevado coste de la energía en España que hizo desconfiar a los inversores.

El constante incremento del precio de la materia prima y de la energía es, por tanto, difícilmente abarcable por la compañía, que ya anunció pérdidas para este año y prevé una línea similar para el próximo, han llevado a la dirección a tomar medidas.

La factoría de Avilés estaba produciendo en la actualidad unas 80.000 toneladas, aunque tiene capacidad entre la planta de electrolisis y la de reciclado de poder llegar a las 140.000. Sin embargo, con los bloques de interrumpibilidad logrados en las últimas subastas eléctricas y la remuneración conseguida, a la multinacional solo le era rentable mantener la planta a medio gas. Con el incremento del precio de la electricidad de los últimos meses ni eso. En la actualidad, trabajan de forma directa en la instalación avilesina de la compañía más de 300 personas (400 en Coruña y 1.300 en la lucense de San Ciprián). Además, genera otra serie de empleos indirectos que ayudan a concluir que Alcoa es una pieza clave del tejido industrial avilesino.

Amenazas de cierre

La sombra del cierre amenaza a Alcoa desde hace años. La dependencia de su rentabilidad del precio de la electricidad ponía en riesgo su supervivencia con cada subasta eléctrica que se celebraba, el llamado sistema de interrumpiblidad, el mecanismo por el cual se retribuye a las empresas electrointensivas por desconectarse de la red si el sistema lo necesita y que les permite compensar en parte su elevada factura.

Alcoa lleva años amenazando con el cierre de su planta asturiana y coruñesa. De hecho, en 2014, tras una subasta de interrumpibilidad que no colmó sus expectativas presentó un ERE para toda la plantilla que retiró, posteriormente, al acceder el Gobierno a realizar una nueva puja que sí le permitió lograr bloques suficientes para mantener la actividad. Desde entonces, la espada de Damocles sobre la planta ha sido constante. De hecho, dos años después, la multinacional estadounidense anunció su pretensión de vender sus fábricas, aunque la operación no fructificó.

El pasado mes de junio, el presidente de la multinacional, Roy Harvey, visitó la factoría asturiana y trasladó una mejor disposición hacia la planta avilesina, aunque no eliminó la incertidumbre por completo, porque también advirtió de que hacían falta cambios en los precios de la electricidad, una factura que, desde entonces, no ha hecho otra cosa que elevarse y que todo apunta a que irá a más. Los anuncios de la titular de Transicición Ecológica de cierres de centrales térmicas tampoco han ayudado. El máximo responsable de la multinacional después de su escisión de la sociedad matriz es un viejo conocido de la casa, ya que trabajó dos años en la planta de Avilés (2008-2009) como uno de los responsables de Alcoa Europa, pero eso no ha impedido la decisión de cerrar la planta asturiana.

Historia

Alcoa recaló en Asturias después de que lograra hacerse con la empresa pública Inespal en 1998 imponiéndose a otros grupos que en su día se interesaron y analizaron el folleto de venta que planteó el Gobierno español, presidido por José María Aznar, a través de la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales). Alcoa lo hizo, además, en unas condiciones muy ventajosas. Pagó 410 millones de dólares por una compañía que en los dos ejercicios anteriores había dado beneficios tras haber afrontado además un importante proceso de modernización de todas sus plantas, nada menos que trece en total en todo el territorio español.

Pagó 410 millones de dólares, pero se le descontaron 200 para el pago de deudas anteriores -generadas fundamentalmente por los procesos de inversión y modernización ya apuntados- y otros 100 más tras una serie de reclamaciones. En el mismo acuerdo consiguió un precio especial para la electricidad durante quince años. Un precio pactado por megawatio, y si después el coste de la energía subía o se disparaba, era igual: la SEPI se hacía cargo. No hay datos oficiales, o al menos nunca se han dado a conocer, pero se ha llegado a exponer que en el informe del Tribunal de Cuentas, del 13-2-2006, sobre la privatización de empresas públicas, se apuntaba que el resultado contable de la venta de Inespal arrojaba unas pérdidas para el Estado de 456 millones de euros.

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