El Ayuntamiento de Gijón insta al Principado a «agilizar» los trámites de la Universidad Europea

Otra cosa es que pueda hacerlo en los tiempos previstos inicialmente. Es obligatorio replantear la memoria, para justificar que se cumplen las condiciones y requisitos exigidos por el real decreto aprobado esta semana y por la normativa autonómica; presentarla ante el órgano competente del Principado –en este caso, la Consejería de Ciencia–, y someterla a evaluación por la agencia de calidad, por la ANECA. Esta dispone de un año, como máximo, para emitir su informe, que será vinculante. Después, la tramitación volverá a manos de la comunidad autónoma. La implantación de la universidad privada requiere de la aprobación de una ley específica en la Junta General del Principado.

La Universidad Europea ya ha puesto en marcha un proceso de revisión de su proyecto «para alinearlo con los nuevos requisitos, con el objetivo de agilizar su tramitación y ejecución». Y cuenta con obtener el visto bueno de la agencia evaluadora para poder seguir adelante con sus planes.

En este sentido, lo que pide el equipo de gobierno gijonés al Principado es que actúe con la misma «agilidad» con la que va a responder la Universidad Europea a los nuevos requisitos y con la que, remarca, actuó el Ayuntamiento de Gijón para «completar toda la tramitación que estaba en nuestra mano». Se refiere a las gestiones para la venta de la parcela de 10.045 metros cuadrados en terrenos de la ampliación del Parque Científico Tecnológico que se cerró con la institución académica –a través de la sociedad Proyectos Educativos Astur SL– el pasado febrero. La Europea pagó por ella 3,2 millones de euros. La inversión prevista para el campus gijonés ronda en total los 30 millones.

El real decreto de creación de universidades, publicado en el BOE del miércoles, establece en sus 43 páginas cuestiones de obligado cumplimiento como contar con un umbral mínimo de 4.500 estudiantes durante los primeros seis años de funcionamiento, que se ofrezca alojamiento para al menos el 10% de su alumnado, que al menos el 50% del profesorado contratado sea doctor o que un 5% de su presupuesto se dedique a la investigación.

Eso y que, por ejemplo, los profesores con plaza en universidades públicas no podrán dar clase en la privada. Tampoco el personal docente e investigador laboral a tiempo completo en una institución académica pública podrá trabajar para la privada.

Se obliga a las universidades a incluir en la memoria compromisos por escrito con empresas, instituciones y organizaciones en las que vayan a desarrollarse las prácticas académicas externas del estudiantado de grado y máster. En el caso de la Universidad Europea, ya se sabe que, en lo relativo a las titulaciones de la rama sanitaria del campus gijonés, se ha llegado a un acuerdo con la Fundación Hospital de Jove –centro concertado– para que el futuro alumnado realice allí sus prácticas.

La memoria debe incluir además un plan de desarrollo de la programación académica que incluya tanto las titulaciones que se ofertarán desde un inicio –se exigen un mínimo de diez grados, seis máster y tres doctorados de tres de las cinco ramas del conocimiento– como las que se prevé ofertar a los cinco años. En caso de proponer, durante estos primeros cinco años, titulaciones diferentes a las recogidas en la memoria, tendrán que contar con la autorización expresa de la comunidad autónoma.

A los seis años, el estudiantado de grado y de dobles titulaciones de grado deberá suponer como mínimo el 50% de las matrículas. Y la ratio de personal docente e investigador se establece en uno por cada 25 estudiantes. Además, al menos un 50% de la plantilla docente e investigadora debe ser doctor.

El cumplimiento de estas últimas cuestiones ha de ser supervisado por las comunidades autónomas, que serán competentes para revocar la licencia de actividad educativa a la universidad en caso de incumplimiento. Antes de llegar a ese extremo, no obstante, se dará a la institución académica un plazo de tres años para ajustarse a estos indicadores.