La huelga de las camisetas negras

Sindicatos y docentes mostraron su rechazo. La consejera intentó explicarse, alegando que no se modificaba la jornada laboral del profesorado y aludiendo a la conciliación. El mensaje que calaba era que los docentes querían 'librarse' de una hora de trabajo. Y se encendió la mecha.

Y todo saltó por los aires y en apenas tres semanas ya está en marcha una huelga histórica, concentraciones con participaciones muy por encima de lo esperado y una manifestación, hoy, en Oviedo, que está llamada a ser un punto de inflexión y la confirmación de una unión sindical que hacía años que no se conseguía. Más de un centenar de asociaciones de padres han mostrado su apoyo, y también los orientadores y los auxiliares y los inspectores educativos. Y el movimiento feminista. E incluso Izquierda Unida, el socio de Gobierno del presidente Adrián Barbón. Si a eso se suma la llamada a la segunda huelga de las educadoras de escuelas infantiles y la primera de la enseñanza concertada en 15 años, no queda más que hacerse muchas preguntas. Estas son las respuestas y la explicación de un conflicto que ya se está convirtiendo en una crisis política sin precedentes en el actual Gobierno, que debilita aún más la posición de la consejera de Educación y que abre la puerta a que otros colectivos también tomen las calles.

Es complicado explicar una situación que viene de muy atrás. Pero es que es precisamente eso lo que ha provocado todo: que son muchos años, con muchas demandas históricas, y las mochilas estaban llenas, especialmente después de la pandemia. Y la bomba, finalmente, le ha explotado a Lydia Espina, que además, desde su llegada al cargo en julio de 2021 no había conseguido sintonía con los sindicatos y que, poco a poco, se había ido poniendo en contra a varios colectivos de la enseñanza: auxiliares del transporte escolar, especialistas en Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica, educadoras del 0 a 3, inspectores...

La Unión General de Trabajadores (UGT), el sindicato 'amigo' del partido que Gobierna (PSOE), sólo le dio un año a Lydia Espina para volver a sacar la artillería. En octubre de 2022, en una entrevista con EL COMERCIO, Cristóbal Puente ya lamentaba que aunque había habido un cambio en las formas respecto a su antecesora, Carmen Suárez, no se había producido ningún avance. Se hablaba ya entonces de plantillas, de falta de recursos, de equiparación salarial, de acuerdo de interinos.., Cuestiones que ya habían reclamado a Suárez y a los anteriores consejeros. Quedaba claro que nadie iba a dar tregua. Parecían los sindicatos y docentes especialmente duros con Espina. Alegaban que habían sido «pacientes» con Carmen Suárez (aunque habían pedido su dimisión) por haber tenido que gestionar el momento más difícil de la enseñanza, la pandemia. Y la paciencia se había acabado.

Y lo cierto es que lo han ido demostrando. Cuando hace solo unas semanas los sindicatos amenazaron con movilizaciones los centros y los docentes tomaron la delantera y su actitud ya anticipaba que esta vez iba a ser muy distinta. Tras varios años de movilizaciones modestas por cuestiones puntuales, de pronto empezaron a multiplicarse la presencia de las ya emblemáticas camisetas negras en señal de luto por la educación pública. Sin llamamientos oficiales se sucedían las concentraciones a las puertas de los colegios; familias y alumnos empezaban a sumarse e incluso hacían pasillo a los profesores; los directores firmaban en masa un clarísimo manifiesto que hicieron llegar al presidente del Principado... No, la situación no era la misma de siempre. Algo había cambiado. Dicen que es el «hartazgo» de años esperando por mejoras.

Quizás no se han sabido ver, pero lo cierto es que ha habido pistas que iban marcando el camino hascia lo que está sucediendo. Dicen los portavoces sindicales estos días que «hemos avisado muchas veces» de lo que iba a suceder. Puede que fuera verdad, aunque los avisos no han servido: la Consejería y, por lo tanto, el Gobierno asturiano, no esperaba la movilización que está habiendo e incluso entre los sindicatos hay quienes tampoco contaban con lo que sucedieron el miércoles, jueves y viernes pasados. Pero es que el profesorado no ha esperado por ellos, por los sindicatos, para moverse. Ellos fueron el motor.

Como queda dicho, a Espina le dieron poco más de un año de 'paz'. Pero es que en ese primer año ya se había producido uno de los mayores errores que ha tenido nunca la consejería: publicar un listado erróneo de aprobados en un oposición, por aplicar un baremo derogado. Un error que le costó el puesto al director general de personal Docente, Miguel Sariego. Después de aquello ha habido varios fallos más. No han sido tan graves, pero llovía sobre mojado. Y además tocaba una complicada aplicación de la LOMLOE, con muchas críticas por la tardanza en publicar el currículo y por la falta de medios para poner en marcha los nuevos sistemas de enseñanza y evaluación que pide la norma.

En julio de 2023 Lydia Espina repite en el Gobierno y a partir de ahí, todo empeora. Las protestas se iban sucediendo. Concentraciones por la rebaja del horario lectivo de maestros. Por la mejora laboral de los mayores de 55 años. En octubre de aquel año tuvo lugar un encierro en la consejería para conseguir los días de asuntos propios, en el que tuvo que mediar Izquierda Unida. Sin duda se seguían apreciando señales de que los trabajadores de la enseñanza empezaban a perder la paciencia. Hasta tal punto de que en enero de 2024 los sindicatos ya lo dejan claro: «Vamos a dar guerra». Se dio entonces una de las últimas imágenes de los cinco sindicatos de la Junta de Personal Docente juntos hasta esta última semana. Comparecían ante los medios para decir que estaban «hartos» de la Consejería de Educación, que retomaban las concentraciones en los recreos y que iban «a dar guerra». «Es imposible una enseñanza de calidad sin que el profesorado tenga unas buenas condiciones», decía en ese momento Jorge Espina, presidente de la Junta de Personal. Y lo sigue diciendo ahora.

Se había producido por entonces algo que para algunos representantes sindicales fue un «punto de inflexión». Hacía tiempo que la junta no se reunía con la consejera y había una cita en el calendario a la que finalmente Lydia Espina no acudió, sino que lo hizo el director general de Personal Docente, César González, quien recibía a la Junta de Personal. El malestar crecía. Pero no solo en los sindicatos, crecía en las aulas.

Lo que reclamaban entonces en la Junta de Personal Docente es lo mismo que llena las pancartas ahora mismo. Y venía ya de muy atrás: un nuevo acuerdo de plantillas frente «al inaceptable incremento» de las medias jornadas; que se aliviara a los centros educativos de carga burocrática, que se introdujera la reducción voluntaria de jornada a partir de los 55 años, que se aligerara la carga lectiva de los maestros y la equiparación salarial del profesorado asturiano con el resto de comunidades. Se mencionaba también la atención a la diversiad y el ciclo 0 a 3.

Para entonces ya nadie hablaba del cambio de talante ni de la voluntad negocidora de la consejera. Su imagen había cambiado y su afán por sacar adelante el proyecto estrella del Gobierno regional, Les Escuelines, no hacía más que generar malestar en la comunidad educativa. Lo que estaba llamado a ser algo positivo y pionero en el Estado acabó con una dimisión en su equipo (Eva Ledo dejó su cargo como directora general del 0 a 3 y Enseñanzas Profesionales en mayo de 2024), con el colectivo de educadoras totalmente en contra de la gestión del proyecto y organizando una exitosa huelga y con docentes del resto de etapas molestos con la sensación de que «sólo importan Les Escuelines».

Recordemos que en enero de 2024 los sindicatos advirtieron de que iban a dar guerra. Pues en junio de aquel año la amenaza se plasmó en una convocatoria de huelga por parte de cuatro de los cinco sindicatos de la Junta de Personal, después de haber discutido en privado si era conveniente pedir la dimisión de la consejera, algo que finalmente no hicieron. ANPE se descolgaba en aquel momento de las movilizaciones. Poco importaba que hubiera fecha para una negociación o que la consejera insistiera en la volunta de diálogo. Los sindicatos habían avisado de que el curso arrancaría con paro.

Finamente llegó un acuerdo 'in extremis', a finales de agosto. Los sindicatos firmaron con la consejería un plan que suponía una inversión de 23,5 millones de euros y con el que tan solo se mostraron «moderadamente satisfechos». Con el tiempo ha quedado claro que no les gustó el acuerdo. Pero entonces, ¿por qué lo firmaron? Quizás en ese momento no existía el convencimiento de que una huelga fuera exitosa. Faltaba un poco más.

Sea como fuere, entonces se acordó la reducción de la jornada lectiva del cuerpo de maestros de 25 a 23 horas semanales, a partir del curso 2026-2027, lo que conllevará la contratación de 486 profesionales a partir de septiembre de 2026, con una dotación anual de 23,5 millones.

Se acordó la creación de un grupo de trabajo que estudiaría la implantación, a partir del curso 2027-2028, de la redución de la jornada lectiva para los mayores de 55 años. Se empezaba también a trabajar en la mejora de la gestión de los centros y la rebaja de la carga burocrática.

Para tener claro de cuándo vienen las reclamaciones y por qué los sindicatos hablan en muchas ocasiones de los acuerdos como «de mínimos» hay que saber que los maestros habían perdido las 23 horas lectivas con los recortes aprobados por el Partido Popular en 2012. Desde 2018 la ley permitía revertir la situación. En Asturias quedará superado a partir de septiembre de 2026.

El Cuerpo de Secundaria también había perdido sus 18 horas lectivas pero las recuperó ante, en el curso 2019-2020.

Han dicho ahora los sindicatos que aquel acuerdo no fue un cheque en blanco. Es evidente, porque ocho meses después de su firma el escenario es completamente distinto. Y peor. Si hablábamos antes de las pistas que el sector había ido dando, una de las más claras fue el pasado mes de marzo. Quizás tampoco se vio, pero CC OO y UGT lo hicieron evidente: «Vamos a ir aumentando la tensión», dijeron los portavoces, Borja Llorente y Cristóbal Puente, que unieron fuerzas para decir que no le daban más crédito a Lydia Espina cuando iban a cumplirse dos años de su mandato. Hablaron de «autobombo», de «negociaciones cerradas en falso», de «autoritarismo», de «incertidumbre y errores».

Durante el primer trimestre de este curso había aumentado mucho el malestar en Formación Profesional también. La aplicación de la nueva ley ha supuesto un gran problema para los centros, que han advertido sistemáticamente de que se llegaba tarde con la normativa, con los curriculums, con la búsqueda de empresas para las prácticas... Finalmente ha sido necesario aprobar una moratoria para permitir que los alumnos de segundo puedan finalizar sus estudios el próximo curso sin cambiar al nuevo modelo. En octubre se había producido también la huelga de acompañantes del transporte escolar.

Así que el malestar aumentaba y aumentaba en los centros docentes y a los sindicatos ya casi no les hacía falta encender unos ánimos ya caldeados. El mensaje era el mismo, repetido una y otra vez.

Es una de las reivindicaciones de la presente huelga y va a ser uno de los grandes escollos de la negociación: un nuevo acuerdo de plantillas. El vigente data del año 2002, es decir, tiene 23 años. Hace muchísimo tiempo que los sindicatos avisan de que ha llegado el momento de actualizarlo, de saber realmente cuál es la plantilla orgánica que la eneñanza pública asturiana necesita, de convertir en orgánicos puestos cubiertos tradicionalmente por interinos.

La última plantilla estructural es de 9.635 puestos, pero los propios prespuestos del Principado recogen que son más de 11.000. Los sindictos exigen al menos esas 2.000 plazas estabilizadas.

De la plantilla estructural depende la cantidad de interinos que se incorporan, porcentajes en los que Administración y sindicatos difieren.

Con cada plan nuevo que la consejería implanta en el sistema se trata de dar un paso hacia la mejora, pero lo que se da sin duda es más trabajo burocrático a los docentes y, especialmente, a los equipos directivos. Lo han dicho una y otra vez: no es compatible con la labor docente. Educación ha aceptado hacerse cargo de la gestión de los centros con direcciones unipersonales, pero no es suficiente.

Reducir la carga lectiva forma parte de un decálogo de medidas que los sindicatos acordaron hace tiempo y que incluye la equiparación salarial, una de las demandas más escuchadas entre los docentes. Las diferencias con comunidades vecinas son de varios cientos de euros y aseguran ser «los peor pagados del país».

No está en el decálogo, pero sin duda ahora mismo es una de las principales demandas, y lo es desde hace años. Orientadores, especialistas en Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica lamentan que «repartimos miseria» entre el alumnado de Necesidades Educativas Especiales, porque al de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo prácticamente ni llegan. Y eso, con unas aulas cada vez más diversas y unas ratios que, aunque en la media sean bajas, en las zonas urbanas no lo son tanto. Lamentan los docentes que «no damos una enseñanza de calidad».

A nadie se le escapa que detrás de movilizaciones así hay mucha política y mucha maniobra organizada y más que pensada. Que en el Gobierno hay dos partidos y en los sindicatos, más de uno. Que hay juegos de fuerzas y casi partidas de ajedrez. Que los números de la Junta de Personal se tienen en cuenta: la mayoría la tiene ANPE, con 13 delegados; CC OO tiene 12; SUATEA, 8; UGT, 7 y CSIF, 5 delegados. SUATEA y UGT fueron las que más apoyos perdieron en las últimas elecciones, en diciembre de 2022.

Pero también es cierto que los que están llenando la calle y vaciando las aulas desde el martes solo llevan una camiseta negra.